Lucía Palacios
Valladolid
Jueves, 28 de junio 2018, 08:06
La inmensa mayoría de pensionistas ni siquiera llega a mileuristas (término que comenzó a utilizarse para definir a los jóvenes cuyos ingresos rondan los 1.000 euros mensuales). La indignación entre este colectivo ha ido creciendo y en estos últimos meses decenas de miles de ... ciudadanos han inundado las calles de las principales ciudades españolas exigiendo «unas pensiones dignas».
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Pero si hasta hace poco la principal petición era volver a revalorizar sus prestaciones conforme a la evolución de los precios (y no solo el mínimo legal del 0,25%), ahora emerge otra oleada de protestas que no se conforman con esto y exigen unas pensiones mínimas de 1.080 euros al mes, un fenómeno que está cobrando especial relevancia en el País Vasco y Navarra. Y además es otra de las reivindicaciones de los sindicatos, aunque en este caso lo redondean en los 1.000 euros, igualando así el salario mínimo deseable con la pensión mínima. En este sentido se apoyan en la recomendación que hace la Carta Social Europea.
¿Cómo se puede vivir en pleno siglo XXI con menos de mil euros en los bolsillos cuando hay que pagar la comida, la luz, el gas, el agua, el transporte...? Y suma y sigue. A esta pregunta bien pueden responder prácticamente siete de cada diez beneficiarios de una prestación pública. Porque el 68,3% de los pensionistas cobra menos de 1.000 euros al mes, es decir, perciben unos ingresos inferiores a 14.000 euros brutos al año. Así viven más de 6,5 millones de mayores, mientras que los tres millones restantes superan los 1.000 euros (apenas el 31,7% del total). E incluso el grupo más numeroso es el conformado por aquellos con una pensión de entre 600 y 650 euros al mes, la más habitual en nuestro país. En Castilla y León, todavía es peor. Más de 429.000 pensionistas, que representan el 75% del total cobran menos de mil euros mensuales, e incluso cerca de 321.000 (más de la mitad) ingresan menos de 736 euros, y de ellos, 149.000 no llegan a 600 euros al mes.
Por eso, en el hipotético caso de que esta reivindicación de fijar en 1.080 euros la pensión mínima prosperara, afectaría a casi siete de cada diez beneficiarios de una prestación en el conjunto de España y al 75% en Castilla y León, por lo que el gasto público se dispararía hasta niveles insospechados. Cabe reseñar que la decisión de revalorizar las prestaciones este año y el que viene el 1,6% (en función de la inflación) costará a las arcas del Estado unos 40.000 millones adicionales, según los cálculos realizados por el BBVA Research.
Y es que no se trataría solo de complementar las prestaciones más bajas como pueden ser la de orfandad o favor de familiares, donde afectaría a más del 90% de los beneficiarios, puesto que tienen un mínimo que oscila entre los 195 euros al mes y los 679 euros. Sino que incluso habría que completar más de la mitad de las jubilaciones, puesto que el 58,6% son inferiores a los 1.000 euros. Es decir, instalar en España una pensión mínima de 1.080 euros al mes implicaría mejorar a más de 3,5 millones de jubilados (de un total de 5,8 millones). Y habría que sumar también a más de dos millones de viudas, ya que el 87,9% del total de este colectivo tiene unos ingresos inferiores a 1.000 euros.
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En la actualidad, solo hay una prestación que incluso supera ese límite de 1.080 euros. Es la de gran invalidez para aquellos que tengan un cónyuge a su cargo, o bien para los jubilados mayores de 65 años que procedan de gran invalidez. Sus beneficiarios tienen asegurado un mínimo de 1.183,4 euros mensuales en 2018. El mínimo para el resto de las pensiones no supera los mil euros y oscilan entre los 195,3 euros para los que reciben una prestación en favor de familiares o de orfandad y los 788,9 euros para los jubilados mayores de 65 años con cónyuge a cargo. Los jubilados mayores de 65 años con cónyuge pero no a cargo tienen asegurados al menos 606,7 euros, mientras que los que no están casados cobran un mínimo de 639,3 euros. Para los que están jubilados pero no han cumplido los 65 años esta cuantía se reduce un poco: 739,5 euros los que tienen cónyuge a su cargo, 565,3 euros los que tienen pareja pero no a cargo y 598 euros para los que están solteros.
Los ingresos de las viudas son bastante inferiores. Las que tienen menos de 60 años cobran un mínimo de 484,2 euros al mes, que asciende a 598 para las que están entre los 60 y los 64. Para las que superan los 65 su nómina mínima se eleva hasta los 639,3 euros, que se incrementa a 739,5 si tienen cargas familiares.
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Todas estas prestaciones se revalorizarán el 2,75% si finalmente se aprueban los Presupuestos , puesto que el expresidente Mariano Rajoy prometió una subida del 3% en 2018 para las pensiones mínimas y las no contributivas con carácter retroactivo (el pasado enero ya subieron el 0,25%).
¿Y qué sucede en otros países del entorno? La mayoría no tiene una pensión mínima legal garantizada. Así ocurre, por ejemplo, en Francia, Alemania, Grecia o Irlanda. En Portugal, la pensión mínima oscila entre los 264 euros al mes y los 382 euros, dependiendo de los años cotizados, y en Italia se sitúa en el entorno de los 500 euros, casi la misma cantidad que tiene de máxima Reino Unido (unos 550 euros). Por el contrario, Luxemburgo vuelve a ser el país donde mejor estado de bienestar se respira, ya que garantiza una prestación mínima superior a los 1.000 euros al mes en 2017.
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