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Desde el año 2012 se han tomado una serie de medidas que han permitido reducir tanto el stock de la deuda comercial, del 3,4% del PIB en 2011 hasta el 1,1% en 2017, como el periodo medio de pago a proveedores. Sin ... embargo, a pesar de la mejora la mayor parte de las administraciones públicas siguen presentando plazos de pago «superiores a los que contempla la ley» -30 días-, con desviaciones «significativas» en el caso de algunas corporaciones locales más pequeñas, explica el Banco de España en su informe 'Análisis de la evolución reciente de la deuda comercial de las Administraciones Públicas españolas' presentado este jueves.
Desde una perspectiva internacional, entre los países grandes de la Unión Europea, únicamente las administraciones públicas de Alemania y Reino Unido han mantenido en los últimos años sus plazos de pago por debajo del límite legal. Las españolas se han situado históricamente por encima del promedio europeo, tanto en términos de deuda comercial como en retrasos en los pagos.
En 2011 el periodo de pago promedio fue de 162 días, en 2014 fue de 124 días de retraso sobre el límite legal de 30 días, es decir, 154 días en total. Desde entonces este plazo se ha moderado bastante hasta situarse en 56 días (26 fuera de plazo más los 30 legales) en 2018.
Otros países que históricamente han tenido un período de pago muy elevado, como son Italia, Portugal o Grecia, también han disminuido en los últimos años significativamente los retrasos en los pagos por parte de sus administraciones públicas. En términos de volúmenes, la dinámica ha sido similar a la de los plazos de pago, con una reducción de la deuda comercial desde el máximo histórico en el año 2011, hasta situarse en el año 2017 con un nivel inferior al promedio de la UE.
Por administraciones, solo la Seguridad Social ha situado su periodo medio de pago cerca del plazo legal de 30 días. Por su parte, la Administración Central alcanzó su máximo en agosto de 2017 con una desviación de cerca de 50 días sobre el límite legal (80 días en total), reduciéndolo hasta 47 días en septiembre de 2018. Las comunidades también han reducido significativamente sus periodos de pago desde el máximo de noviembre de 2015, con más de 60 días de retraso (90 en total), hasta los solo 9 días de retraso (39 en total) de septiembre de 2018.
Las corporaciones locales en su conjunto han sido las únicas que han aumentado su periodos de pago desde septiembre de 2014, alcanzando su máximo en marzo de 2018 con cerca de 68 días de retraso (98 días en total), si bien en septiembre de este año se habría reducido a unos 33 días (63 días total).
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