La OCDE no logra el acuerdo para una 'tasa Google' este año

Eso sí, la organización reconoce que han realizado «progresos sustanciales» que permiten fijar un nuevo objetivo de cerrar un compromiso a mediados de 2021. La OCDE alude al actual contexto de crisis por la pandemia del coronavirus, por el que el aumento del gasto público que están soportando los Estados por las necesidades sanitarias «hace aún más imperiosa la necesidad de una solución» que cuando el G20 encargó este proyecto en 2017.

Ángel Gurría, secretario general de la organización, aseguró que sin una solución global, hay un «riesgo real» de que los píses se embarquen en adoptar medidas «sin coordinación y unilaterales». «Un fracaso amenazaría con que las guerras fiscales deriven en guerras comerciales en un momento en que la economía global está sufriendo enormemente«, advirtió Gurría.

Es el caso de España, donde ya se ha aprobado la tasa en Consejo de Ministros el pasado mes de febrero, y ha pasado su primer trámite en el Congreso. El tributo español propone gravar a las empresas con una cifra de negocio superior a los 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos ingresos en España derivados de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los 3 millones. El tipo de gravamen del impuesto es del 3% y se aplicará a la prestación de servicios de publicidad o de intermediación y a la venta de datos a partir de información proporcionada por el usuario. Según estima el Gobierno, la recaudación por este concepto será de 968 millones al año.

La Unión Europea (UE) ha planteado también a nivel comunitario la activación de impuestos a las grandes empresas digitales, que en su inmensa mayoría son estadounidenses. En respuesta, Trump ha establecido un pulso con ellos con amenazas directas de sanciones.

A nivel OCDE, la base de negociación que se ha fijado en el llamado Marco Inclusivo que pilota la OCDE prevé que las grandes compañías del sector tendrían que pagar una parte de los impuestos en los países donde tienen su negocio (y sus clientes) aunque no tengan allí sede social.

Según los cálculos de los expertos, este mecanismo podría significar una redistribución de unos 100.000 millones de euros de impuestos anuales que llegarían las arcas de esos países donde se encuentran los consumidores. Al mismo tiempo, la creación de un impuesto de sociedades mínimo a escala global generaría 100.000 millones de dólares de impuestos cada año.