La obra pública se dispara en la región en el primer trimestre por la nueva ley de contratos

El presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, presentó hoy el balance de 2017 y las previsiones de 2018, ejercicio en el que se estiman unas inversiones de 1.413 millones, como avanzó la Agencia Ical, de los que se licitarán 929 millones y se adjudicarán un 45%, en concreto 630. En los tres primeros meses se sacaron a concurso 570 millones y se abrieron las ofertas por importe de 275 millones. Además, se espera un último cuatrimestre intenso.

Todo ello, aseguró, hizo «andar de cabeza» a las empresas para estudiar los concursos presentados en 2018, un año en el que la licitación crecerá ligeramente respecto a 2017, cuando las tres administraciones licitaron 717 millones, un cuatro% más que en 2016, cuando la cifra fue de 692 millones. Esta cantidad se reparte por tercios entre las tres administraciones: central (235 millones y el 33%), autonómica (243 millones y 34%) y local (239 y 33%).

El presidente de la Cámara destacó el buen comportamiento de las diputaciones y los ayuntamientos que contribuyeron a «salvar los trastos» y el ejercicio en términos de licitación. Enrique Pascual denunció que las cifras son «ridículamente bajas» que se sitúan en volúmenes registrados en 1992, mientras que la economía del país crece por encima del tres%. De hecho, la administración central redujo su licitación un 8% y la autonómica, el 7%, la local elevó su inversión pública un 37%.

Por primera vez en 30 años, Pascual subrayó que la administración central perdió el liderazgo en la licitación de obras. Además, el índice de cumplimiento, que mide las actuaciones adjudicadas respecto a las previstas, se situó en el 38%, puesto que de los 1.282 millones anunciados, se licitaron 717 y se adjudicaron 492. Todo ello, denunció se debe a una «dejación de funciones» de las administraciones, excepto la local, que cumplió el 62% de la inversión consignada.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Contratistas criticó la «mala» planificación o que traten de «vender humo» puesto que recordó un tercio de lo que se compromete no se hace. Según Enrique Pascual el escenario inversor es un «auténtico desastre» en comparación con un periodo, que recordó es también «desastroso». «Alguien no está haciendo su trabajo», dijo y pidió a las administraciones que «no estorben».

La inversión pública prevista por las administraciones se sitúa en los 1.413 millones, de los que se licitarán 929 millones y se adjudicarán 630, un 45% de lo inicialmente anunciado. La administración central recuperará posiciones con 522 millones, si bien licitará 310, que beneficiarán especialmente a León, Palencia y Salamanca; la autonómica, manejará 571 millones y sacará a concurso 370, que primarán a León, Salamanca y Burgos, y la local contempla 320 millones, con 250 de licitación.

En conjunto, las provincias de León y Salamanca, según los contratistas, serán las que reciban un mayor montante de inversión pública durante este año, si bien Enrique Pascual recalcó que España está «infraconstruyendo», como señala Europa. Además, apuntó que el volumen de negocio del sector de la construcción rondó al cierre de 2017 los 5.000 millones, con una subida del ocho%, gracias a la recuperación de la edificación residencial.

Por el contrario, el número de empresas del sector continúa año a año reduciéndose, hasta situarse en las 9.161 en 2017, frente a las 17.848 de diez años antes. Además, el número de ocupados se mantiene estable en los 66.000, con unos 73.000 trabajadores, de los que un tercio son autónomos. La Cámara está trabajando para dotar a todas las empresas asociadas de un plan de igualdad.

Por otra parte, el presidente de la Cámara de Contratistas denunció que la Junta solo ha licitado 120 millones del Bloque de Actuaciones Prioritarias que puso en marcha en esta legislatura, al que preveía dedicar 525 millones. Por ello, pidió al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que explique qué ha pasado puesto que advirtió de que falta un año para que termine este mandato.

Finalmente, apuntó que las carreteras autonómicas de Castilla y León necesitan una inversión mínima en mantenimiento y conservación de 160 millones anuales. Enrique Pascual echó en falta al jefe del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, un «presidente en retirada» y al consejero, que aseguró es un hombre «educado» y «trabajador» pero que «no fomenta nada» por lo que estimó será encargará de otro área diferente al de infraestructuras y vivienda.