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La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha querido apagar el fuego de la tensión que se vive dentro del Ejecutivo a cuenta del programa de ayudas a empresas, aunque finalmente lo ha avivado al apuntar que existen voces «interesadas» en ... trasladar esas discrepancias que, a su juicio, «no son acordes a la realidad». Montero se ha pronunciado en estos términos sobre las informaciones publicadas en los últimos días en torno a las discrepancias entre los ministros sobre la cuantía de las ayudas directas que el Estado dará de los 11.000 millones de euros anunciados por el presidente, Pedro Sánchez, a finales de febrero.
Sin nombrar a los ministros de Unidas Podemos u otros miembros socialistas del gabinete, Montero ha aclarado con un tono rotundo que «lo que dice el Gobierno es la verdad» en boca de ella misma como portavoz, o públicamente a través de los ministros. «No hay ningún tipo de tensión interna», ha indicado. Y ha aclarado a los periodistas que «no es que mientan» sino que «la información que les trasladan es algo que no se corresponde con la realidad». «Si alguien cuenta algo o ha mentido, no me corresponde a mí» decirlo, ha indicado Montero.
Las palabras de la portavoz llegan después de varias jornadas en las que el vicepresidente social, Pablo Iglesias, ha trasladado a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, su exigencia de que el Estado destine 8.000 de los 11.000 millones previstos a ayudas directas, y que no se circunscriban al sector turístico y hotelero. Esa presión habría obligado a Calviño a retrasar la aprobación del decreto, prevista para este martes, al próximo viernes en un Consejo de Ministros extraordinario, como finalmente será.
Sin embargo, Montero ha rechazado que ese retraso se deba a conflictos entre los ministros. «La demora se debe solo y exclusivamente a cuestiones técnicas», ha indicado en varias ocasiones durante la rueda de prensa de este martes. La ministra ha reconocido que ya están perfiladas las cuantías de los tres programas previstos (ayudas directas, reestructuración de empresas y fondo de rescate), aunque no ha querido anticiparlas. Fuentes gubernamentales indican que sería un reparto de 5.000 millones para las dos primeras actuaciones y otros 1.000 millones para la segunda, aunque todo puede variar hasta que el próximo viernes el Consejo de Ministros apruebe el decreto.
Lo que sí ha deslizado Montero es que esas «cuestiones técnicas» que provocan el retraso están muy relacionadas con uno de los empeños de Calviño con este plan: que no se desperdicie un solo euro en el sistema y que las ayudas lleguen a las empresas viables que realmente lo necesitan, dado el gasto adicional y el endeudamiento que va a asumir el Estado con este programa adicional. «Se trata de acertar con el esquema que mejor permita el cumplimiento de esos objetivos», ha indicado Montero. «Se trata de evitar que se produzcan cierres o liquidaciones por sobreendeudamietnos o problemas de solvencia», ha apuntado para referirse a los últimos flecos legales que definirán los diferentes programas.
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de ayudas por importe de 120 millones de euros a la ingeniería asturiana Duro Felguera y de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra, en el marco del mecanismo de rescate a empresas estratégicas gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Con estas autorizaciones ya son tres operaciones de 'rescate' a empresas estratégicas, junto a la de Air Europa, por 475 millones, autorizada el pasado mes de noviembre.
En concreto, el importe de la ayuda a Duro Felguera se desglosa en 70 millones en un préstamo participativo, 20 millones en un préstamo ordinario y 30 millones en aportación de capital o préstamo participativo. El 'rescate' a Duro Felguera está condicionado a la reestructuración de la deuda pendiente y al nombramiento de dos consejeros por parte de SEPI.
En cuanto a la aerolínea Plus Ultra, que opera vuelos de larga distancia con Latinoamérica, el Gobierno ha autorizado la ayuda de 53 millones solicitada, que se desglosa en un préstamo participativo de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones.
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