Los máximos de la luz abocan al Gobierno al encontronazo con las eléctricas

Es cierto que el Gobierno no tiene la varita mágica para cambiar la evolución de los precios en el mercado mayorista, que al final quedan marcados por las energías más caras, que son las últimas en entrar en el 'pool'. Sin embargo, sí tiene cierto margen para influir en la parte de esos precios desbocados que se trasladan al minorista.

Los expertos consultados tienen claro no obstante, que más allá de los impuestos que suponen en torno a un 21,5% del recibo, las medidas más efectivas a corto plazo pasan por 'meter mano' a ciertas herramientas del mercado que supondrán un perjuicio para el beneficio de las eléctricas. El enfrentamiento con el sector está servido.

Desde el Ministerio llevan semanas defendiendo que no pueden tomar medidas como imponer un límite a los precios de las eléctricas al vulnerar esto la normativa europea. Sin embargo, Jorge Morales de Labra, experto del sector y director de Próxima Energía, recuerda que «esto sí se puede hacer sin tocar el mercado mayorista, sino ajustando en lo que yo llamo el 'postmercado', como ya se hace en otros países de la Unión Europea».

Según explica, ante la dificultad de cambiar el sistema por el que se rige el mercado de la energía europeo, el Gobierno podría hacer ajustes posteriores a la fijación de precios en el mercado mayorista. Así se conseguiría limitar situaciones como las que se están dando en tecnologías como la hidráulica, que ahora están cobrando más de lo que les cuesta producir.

Los expertos son conscientes de que todas las generadoras deben cubrir sus costes y, evidentemente, obtener beneficios. Sin embargo, la brecha actual «resulta casi insultante». Para hacerse una idea, el coste para producir un megavatio hora de una hidroeléctrica ronda los 20 euros. Así que la brecha aparenta ser brutal frente a los precios que ahora se están trasladando al consumidor.

El Gobierno ya ha dado algún paso en este sentido, con la remisión al Congreso del plan para limitar los denominados 'beneficios caídos del cielo' del sector. «Hay que ser muy cuidadosos porque las eléctricas son un lobby muy fuerte y podrían reclamar y alargar la entrada en vigor de la medida más de lo previsto», indican los expertos.

Ante esta amenaza, el sector tira la pelota al tejado del Gobierno. «La electricidad en España soporta una mayor carga impositiva que los países de nuestro entorno y ahí radica la diferencia de precios con Europa», replican. Pero los expertos no ven demasiado margen de maniobra en la fiscalidad ahora, tras la rebaja del 21% al 10% el IVA de la factura hasta final de año y la suspensión hasta octubre del impuesto del 7% a la generación. «Esperemos que al menos extiendan estas medidas más allá del plazo fijado, porque si no sería peor todavía«, indica Morales.

Otra opción que podría manejar el Ejecutivo es recuperar ese impuesto a la generación y destinarlo su ingreso a rebajar la factura. Pero en todo caso el impacto sería menor, según los analistas.

Las eléctricas también recuerdan que países como Francia o Italia tienen precios fijos de mercado para periodos de entre 3 meses y 1 año utilizando una cesta de futuros. «De tener un sistema similar (trimestral, anual), el cliente PVPC estaría pagando el precio fijado hace 1 año y no el precio actual influido por el CO2 y el gas, lo que representaría una factura inferior en un 30% aproximadamente», indican.

Eso sí, un fijo también impide que los clientes se beneficien cuando bajen los precios y, en todo caso y de aplicarse ahora, se situaría en niveles muy elevados. Es lo que podría ocurrir, también, ampliando la parte fija de la tarifa regulada.

Para Juan Antonio Martínez, del Grupo ASE, otra medida en la que el Gobierno tendría un rápido margen de maniobra sería la de fomentar, esta vez para el sector industrial, los acuerdos bilaterales que permite a los grandes consumidores comprar a largo plazo, con unas condiciones pactadas al inicio.

El Ejecutivo está trabajando sobre ello, pero el experto considera que lo más efectivo sería que estos contratos no estén solo al alcance de megaconsumidores, sino que «se pueda agregar la demanda de empresas medianas y pequeñas para establecer esos contratos bilaterales a largo plazo».

Respecto a los posibles cambios en la tarifa regulada, Jorge Morales advierte de que la experiencia de elevar la parte fija de la factura ha sido nefasta en otras ocasiones. «Las eléctricas ponían el precio y al final se estabilizaba, pero siempre en la parte alta». Así que no ve un gran poder para cambiar las cosas por esta vía si no se hace con sumo cuidado. Otras fuentes consultadas apuntan a otro tipo de posibilidades, como que el Estado asuma la deuda acumulada del déficit tarifario o todo el coste de la ayuda a la generación no peninsular, con lo los costes disminuirían y, la factura, también.

La ministra Ribera también hizo alusión a otro tipo de medidas que, en todo caso, impactarían mucho más a largo plazo. Entre ellas, fomentar el autoconsumo o mejorar la capacidad de almacenamiento energético en el país. «Reducirá el precio, pero no de forma inmediata. La clave está en cómo lo harán», indica Juan Antonio Martínez, desde Grupo ASE.

Según indica Morales, la forma más eficiente sería ofrecer alternativas a los pantanos, «como por ejemplo las baterías para almacenar los excedentes de renovables que ahora se tiran». «La energía que no se consume, se pierde, pero solucionar este problema requiere de un avance tecnológico de años», insisten desde Grupo ASE.