Límite de temperatura y apagón de escaparates, primeras medidas de ahorro energético en vigor

En concreto, desde el miércoles y hasta el 1 de noviembre de 2023, el límite del termostato será de 27 grados en verano y de 19 para la calefacción en invierno en edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, aeropuertos y estaciones de tren y autobús, espacios culturales y también en las zonas comunes de los hoteles.

Otros centros como restaurantes y gimnasios quedan finalmente excluidos de la norma, después de que la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, confirmase la pasada semana que el límite de temperatura se podrá aplicar «con flexibilidad» para adecuarse a la legislación laboral, que será la que prime sobre el real decreto y que marca temperaturas de 25 grados para este tipo de empleos en los que se está en continuo movimiento. También quedan exentos centros sanitarios, de formación, peluquerías, lavanderías y medios de transporte (trenes, aviones, barcos, etc).

Ya a partir del 2 de septiembre, estos espacios en los que se apliquen los límites al termostato, también deben contar con carteles informativos sobre las medidas que se están aplicando, con termostatos visibles para los usuarios.

Por otro lado, escaparates y edificios públicos desocupados se apagarán a partir de las diez de la noche, quedando exento el alumbrado ornamental de monumentos (salvo en edicificios públicos desocupados).

El próximo 30 de septiembre sería el último día de plazo para cumplir con la tercera medida estrella del plan aprobado por el Ejecutivo el pasado lunes: la obligación de contar con un sistema de cierre de puertas para evitar el despilfarro energético.

Más dudas existen en torno al funcionamiento las posibles sanciones para los incumplidores. Desde el Ministerio de Industria y desde el de Economía indican que se seguiría la normativa vigente en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), que establece multas de hasta 60.000 euros por las infracciones leves, de hasta 6 millones por las graves y de hasta 100 millones por las «muy graves». Según matizan, las infracciones que se pudieran generar estarían encuadradas dentro de las consideradas como leves.