La Junta modificará la ley que obliga a las gasolineras a tener empleados

Con motivo de la presentación del balance anual del instituto financiero de Castilla y León Sodical, la consejera ha informado a preguntas de los periodistas de que si Castilla y León no notifica a la Comisión Europea en un periodo «breve» la intención de la Cámara de modificar esta ley de manera urgente, Europa podría sancionar económicamente a la comunidad, algo que hay que «evitar».

Concretamente, Del Olmo ha manifestado que la Junta ahora mismo «ni se plantea» la posibilidad de la sanción europea y ha remarcado la voluntad del Ejecutivo Autonómico de modificar esta ley, presentada por su propio grupo parlamentario, y adecuarla a la normativa europea de libre competencia.

Según esta normativa autonómica, las gasolineras en Castilla y León deben contar con al menos un trabajador presente, para poder abastecer a los clientes que así lo necesiten, como personas con algún tipo de discapacidad, algo que contraviene la normativa europea de la libre competencia ante las nuevas gasolineras 'low cost' de autoservicio, que no cuentan con trabajadores 'in situ'.

Por todo ello, la consejera ha subrayado que los próximos pasos se deben dar «con premura», para evitar que se inicie el procedimiento sancionador, para lo que el Ejecutivo ya ha comenzado las rondas con el resto de formaciones para dejar acordada una modificación, que debería pasar por el Parlamento Autonómico ya en el mes de febrero, cuando se reanudaría las sesiones plenarias, informa Efe.

También ha descartado del Olmo la posibilidad de que Castilla y León y otras seis comunidades autónomas que están en la misma situación recurran a través del Estado español esta posible sanción, algo que ya trataron de hacer países como Italia y Grecia y que finalmente fueron sancionadas por lo mismo que ahora se pretende hacer en España.

Por último, preguntada por los medios por qué el grupo Popular y la Junta no se aseguraron en su día de que esta ley no contravenía ninguna normativa europea, la consejera ha argumentado que cuando una iniciativa llega a las Cortes, se «presupone» que ya está dentro del marco legal nacional e internacional, con «contadas excepciones, como en Cataluña», ha sentenciado.