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L. P.
MADRID
Jueves, 21 de noviembre 2019, 16:35
Se abre otro frente judicial para el expresidente de Bankinter Jaime Botín. La Fiscalía de Madrid solicita para el exbanquero dos años y tres meses de prisión por un delito contra la Hacienda Pública que asciende a un millón de euros por matricular en Portugal ... de forma artificiosa un avión privado que adquirió a través de una sociedad para sus viajes familiares.
Se suma así a la causa por la que ya ha sido juzgado por haber intentado sacar un cuadro de Picasso de España sin haber obtenido la autorización administrativa necesaria, por la que se enfrenta a otros cuatro años de cárcel acusado de un delito de contrabando.
En este caso caso el Ministerio Público reclama al hermano del fallecido Emilio Botín una multa de 2,2 millones de euros, aunque en su escrito de acusación admite que Botín ya ha devuelto a Hacienda la totalidad de la cantidad defraudada. En un principio la Fiscalía le ofreció a Botín un acuerdo de nueve meses de prisión que éste rechazó.
Así, el exdirectivo de banca se sentará en el banquillo junto a otros tres procesados para los que pide nueve meses de prisión y sendas multas de 890.000 euros por ser cooperadores de un delito contra la Hacienda Pública.
Según la Fiscalía, el 22 de febrero de 2012 la sociedad World Tour, propiedad en su mayor parte de Jaime Botín, firmó un contrato de compra de un avión por un precio total de 10,7 millones de dólares que se destinó «con carácter principal» a cubrir las necesidades de desplazamiento del banquero y su círculo familiar y social con base de operaciones en Madrid. Tanto la matriculación en España de la aeronave como su utilización en este país de forma habitual estaba sujeta al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (I. E. D. M. T.) que implicaba la obligación de World Tour, S. A. de liquidar el impuesto e ingresar a la Hacienda Pública 1.014.298 euros. Sin embargo, los acusados decidieron deslocalizar de forma «artificiosa» por un lado la matriculación de la aeronave en Portugal, «donde no existe un impuesto similar ni en su naturaleza ni en sus niveles de tributación» y ocultar que el último propietario de la aeronave era una sociedad española o el propio Jaime Botín «a efectos de esconder su carácter de residente en España».
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