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En el Ministerio del Interior y en las delegaciones del Gobierno no dan abasto. Los expertos policiales han tenido que improvisar en cuestión de horas centenares de operativos de seguridad, dispositivos de escoltas a convoyes y despliegues de vigilancia en nudos logísticos para tratar de ... garantizar los suministros ante el bloqueo que está provocando una huelga de transporte cuyo alcance no vieron, e, incluso, minusvaloraron los servicios de información policial y los expertos ministeriales.
Y es que -según reconocen responsables de la seguridad del Estado y de los principales ministerios afectados- los consultores de Interior y Transportes desde el inicio apuntaron a que la convocatoria de la casi desconocida 'Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías' no iba a tener una «afectación importante» (sic) en las comunicaciones y en la distribución, ya que el «paro nacional indefinido» no contaba con el respaldo del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que es el que agrupa a las grandes confederaciones y asociaciones de transportistas, como la Confederación Española de Transporte y Mercancías (CETM) o la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer).
Los informes que llegaron durante la primera quince de marzo a Moncloa, a Interior o al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no se tomaron demasiado en serio la huelga de la plataforma –según explican diversos especialistas policiales- ya que, entre otros motivos, el paro, sobre el papel, estaba convocado por «empresarios» y no por los trabajadores del sector.
Así las cosas, el Ministerio del Interior no puso en marcha ningún tipo de plan especial a pesar de que la plataforma no ocultó sus planes. Las primeras informaciones sobre la convocatoria del paro indefinido del 14 empezaron a distribuirse el 7 de marzo. El Gobierno no activó ninguna célula de seguimiento o coordinación con las administraciones afectadas a pesar de que el colectivo convocante – de acuerdo con sus propios datos de los que se hicieron eco informes policiales- decía tener el respaldo de unas 130.000 pymes y autónomos del sector.
La respuesta organizada del Gobierno no comenzó –admiten responsables del Ejecutivo- hasta la tarde-noche del martes, casi 48 horas después del inicio del paro y cuando el bloqueo en centros logísticos ya amenazaba con el desabastecimiento.
Las primeras instrucciones no se repartieron hasta la mañana del miércoles. Fue la Secretaría de Estado de Seguridad la que comunicó a todas las delegaciones del Gobierno la orden de «reforzar todos los dispositivos policiales» para «actuar, organizar y asegurar convoyes de transportistas de bienes de primera necesidad, patrullar y dotar de seguridad a las plataformas logísticas por toda España, actuar en todo los puntos de la red vial donde se producen incidentes y actuar e identificar a todos los piqueteros que participan en actos ilícitos».
Interior, no solo cambió el tono al calificar de «ilícitos» ciertos actos de la huelga, sino que decidió ese miércoles casi sobre la marca activar una suerte de célula de crisis, que no estaba prevista en ningún organigrama. Creó de un plumazo un Centro de Seguimiento y Coordinación en el ministerio con tres reuniones diarias —a las 9.00, a las 14.00 y a las 19.30— presidido por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, aunque Fernando Grande-Marlaska también ha encabezado en alguna ocasión en las últimas horas esas reuniones. Unos encuentros en los que están participando representantes de la de Policía Nacional, de la Guardia Civil, de los Mossos D'Esquadra, de la Ertzaintza y de la Policía Foral de Navarra, además de responsables de la Vicepresidencia Tercera Ministerio de Transición Ecológica; Ministerio de Agricultura, Ministerio de Política Territorial y Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
De forma paralela, Interior ha ido aumentando desde el miércoles el despliegue policial para la huelga, que en un principio fue mínimo, detrayendo sobre la marcha efectivos de otras labores hasta llegar a destinar a la octava parte de las plantillas de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
El jueves a las 14 horas el Ministerio del Interior informaba de que había desplegado 15.520 funcionarios de las fuerzas de seguridad para dos horas después afirmar que había sumando de golpe más de 8.000 agentes al dispositivo hasta llegar a los actuales 23.598 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado destinados oficialmente al paro en el transporte.
El balance de este despliegue a última hora de la tarde del viernes era de 120 convoyes escoltados hoy, doce huelguistas detenidos, 42 denunciados y otros 595 identificados.
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