La inflación amenaza el consumo y la recuperación en Castilla y León

En datos: el IPC se mantuvo en agosto en Castilla y León en una tasa del 2,4% por tercer mes consecutivo, dos décimas por encima del registro nacional, según los datos publicados por el INE. La subida, además, se fundamenta en el repunte del 5,7% en el precio del transporte y el 5,5% en el de la vivienda; en ambos casos debido al encarecimiento de los productos energéticos, electricidad y carburantes, respectivamente. Los dos capítulos, como gastos considerados básicos que son, tienen mala solución para los consumidores.

El segundo dato: la variación salarial media pactada en los 254 convenios de la comunidad con efectos económicos hasta agosto de 2018 es del 1,63%, frente al 1,65% del conjunto nacional. Dicho incremento retributivo involucra a 49.319 empresas y 223.571 trabajadores castellanos y leoneses, según la información del Ministerio de Trabajo. Los convenios sectoriales, que afectan a más de nueve de cada diez asalariados, registran una subida del 1,65%, mientras que en el caso de los de empresa, el incremento se queda en el 1,34%.

De modo que el descuadre del poder adquisitivo es de ocho décimas, las que van del 2,4% al 1,6%. Además, la situación es peor que la que presenta la media nacional en ambos parámetros. Sin olvidar que patronal y sindicatos firmaron en junio un acuerdo nacional, ratificado poco después en la comunidad autónoma, según el cual la subida salarial para los años 2018, 2019 y 2020 debe ser una parte fija del 2% y una variable del 1% ligada a los conceptos que se determinen en cada convenio.

En términos interanuales, el 2,4% de inflación en Castilla y León se debió, sobre todo, a la repercusión del precio de los grupos de transporte (0,795 puntos); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,786 puntos); y alimentos y bebidas no alcohólicas (0,404 puntos), cuyas variaciones interanuales fueron del 5,7%, 5,5% y 1,9%, respectivamente. Los aumentos de precios llegaron hasta todos los grupos excepto los de ocio y cultura y sanidad donde disminuyeron (-1,1% y -0,2%, respectivamente).

Experimentaron también subidas reseñables las comunicaciones (2,6%), las bebidas alcohólicas y el tabaco (2,1%), los alimentos y bebidas no alcohólicas (1,9%) y los hoteles, cafés y restaurantes (1,3%). Menores aumentos se dieron en menaje (0,4%), enseñanza (0,6%) y vestido y calzado (1%).

Por provincias, los precios subieron en todas con respecto a doce meses antes. Ávila y Soria encabezaron las alzas con un 2,7%, por delante de León (2,6%) y de Salamanca, (2,5%). En Zamora los precios subieron igual que la media autonómica, el 2,4% y una décima menos lo hicieron en Burgos y Palencia. Segovia igualó el dato medio nacional, del 2,2%, mientras que Valladolid fue la provincia menos inflacionista con una subida del 2,1%.

La inflación suma ya 24 meses consecutivos en positivo en España y lleva cuatro seguidos por encima del 2%, algo que no ocurría desde abril del pasado año. La culpa de que los precios no hayan logrado una rebaja en el octavo mes del año la tiene la electricidad, pues marcó valores máximos, algo que se sigue repitiendo durante lo que llevamos de septiembre. El miércoles, el precio del Kw marcó máximos del año.

Este encarecimiento de la factura de la luz disparó seis décimas los gastos derivados de la vivienda. Y eso que, por contra, los precios del gasóleo para calefacción bajaron frente al aumento experimentado en el ejercicio pasado.

UGT criticó la «desbocada» subida de la luz, que merma aún más el poder adquisitivo de una sociedad azotada por una «profunda» devaluación salarial. A juicio del sindicato, la población es cada vez más vulnerable a un sistema de fijación de precios de la luz que es «evidente» que debe ser modificado, ya que «la electricidad es un bien de primera necesidad y no se puedes permitir subidas continuas sin sujeción a criterios de ningún tipo».

Asociaciones de autónomos (ATA), de consumidores (Facua) y partidos (Ciudadanos), reclamaron también una reforma del recibo de la luz en lo que se refiere a la fiscalidad, en especial bajar el IVA del 21% que soporta.