La CNMV reclama a las cotizadas que tengan un 40% de consejeras ya en 2021

Una de las recomendaciones que se incluyen en la reforma propuesta por la CNMV -abierta durante un mes a consulta pública- es que «al menos» el 40% de los miembros del consejo corresponda al «sexo menos representado», es decir, a mujeres en la situación actual. Eso supone exigir diez puntos porcentuales más que el objetivo del 30% que se había marcado en 2015 para alcanzarlo este año y, además, la CNMV ya no quiere dar un plazo prolongado para promover la diversidad de género. Si las cotizadas quieren «salir en la foto diciendo que cumplen» con el Código de Buen Gobierno, en los primeros meses del año que viene ya habrán de contar con un 40% de consejeras para poder incluirlo en los informes de gobierno corporativo que se presentarán entre abril y mayo de 2021. «Ha habido una aceleración en la incorporación de consejeras y es factible conseguir el 30% a finales de 2020», señaló el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, «pero hay que cambiar ya de escenario y por eso hemos elevado el objetivo al 40%».

Aunque el ámbito de actuación de la CNMV es el Consejo de Administración, ha querido dar un paso más y va a exigir que la empresa «cuente con un número significativo de altas directivas» porque es en la alta dirección donde el problema de igualdad es mayor, pues sólo hay un 16% de mujeres y no llega al 5% la representación de mujeres entre los consejeros ejecutivos.

Otra de las recomendaciones incluidas en la reforma del Código del Buen Gobierno guarda relación con los numerosos casos de corrupción que últimamente han afectado a sociedades cotizadas. Por ello, la CNMV pretende que los consejeros estén obligados a informar, y en su caso a dimitir, cuando se den situaciones de corrupción o prácticas irregulares relacionadas con su actuación, «dentro o fuera de la empresa», que perjudiquen la reputación de la compañía. También quiere que los consejos de administración decidan si deben solicitar la dimisión o proponer el cese del consejero en cuestión o abrir una investigación interna en cuanto conozcan alguna de estas situaciones sin esperar, como ocurría hasta ahora, a que sea imputado o se abra juicio oral. Asimismo, quiere reforzar el control de la comisión de auditoría en los riesgos expresamente relacionados con la corrupción o prácticas irregulares.

En el ámbito de las indemnizaciones, se busca acabar con las interpretaciones interesadas sobre qué pagos se incluyen en la limitación de que no supere el equivalente a dos años de retribución total del directivo. Por eso, deja claro que las indemnizaciones por no competencia o las aportaciones a planes de pensiones no consolidadas con aterioridad también se tendrán en cuenta para ese límite.

El supervisor bursátil incluye, por otro lado, una referencia explícita a la necesidad de que las empresas cotizadas cuenten con una política general de comunicación de información económico-financiera y corporativa a través de los medios de comunicación, redes sociales u otros «que contribuya a maximizar la difusión y la calidad de la información a disposición del mercado y de los inversores».

El Código de Buen Gobierno no es de obligado cumplimiento, puesto que se trata de recomendaciones y no de una ley, pero sí exige que las empresas elaboren un informe anual sobre si cumplen cada una de los puntos y, si no lo hacen, expliquen por qué.

Albella justificó la «prudencia» de la reforma en que «no se puede ser demasiado intrusivo y exigente con las empresas cotizadas respecto a las que no cotizan para no desincentivar» las salidas a Bolsa.