El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este viernes el acuerdo sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para 2019-2021 propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez, que van acompañados del límite de gasto no financiero para ... 2019, conocido como 'techo de gasto'.
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El Gobierno no ha conseguido sacar adelante la nueva senda presupuestaria ya que solo ha recibido 88 votos a favor, los 84 diputados del PSOE y cuatro del PNV, frente a 173 'noes' del PP (134 diputados), Ciudadanos (32), UPN (2), Bildu (2), Foro Asturias (1) y Coalición Canaria (1) y el diputado de Unidos Podemos, Diego Cañamero. Se ha abstenido un total de 86 diputados: 66 de Unidos Podemos, los cuatro de Compromís, los nueve de ERC y los siete del PDeCAT.
Ninguno de los grupos parlamentarios que ayudaron a Pedro Sánchez a derribar a Mariano Rajoy hace mes y medio con el respaldo a su moción de censura, salvo el PNV, han apoyado la senda de estabilidad presupuestaria con la que el Ejecutivo debía elaborar su principal proyecto legislativo: las cuentas del Estado para 2019.
Tanto Podemos como los secesionistas catalanes, PDeCAT y ERC, matizan que su voto en el pleno de hoy no implica que vayan a forzar la convocatoria inmediata de elecciones. De hecho, en una señal de que no dan por roto el diálogo, sí han dado su apoyo a la designación de Rosa María Mateo como administradora provisional única de RTVE. Pero, en todo caso, han querido subrayar que los socialistas no pueden dar su respaldo por descontado y que no les saldrá gratis.
El diputado de Podemos que desde la baja de paternidad de Pablo Iglesias ha asumido un papel protagonista en la formación, Rafael Mayoral, ha remarcado que Sánchez debe interpretar su posición como un gesto de «responsabilidad» porque en condiciones normales no habrían optado siquiera por la abstención sino por el 'no'. Así, ha dado a entender que lo de hoy es una llamada de atención y ha invitado al Gobierno a presentar en un mes una nueva senda de déficit.
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Mayoral, sin embargo, ha subrayado que es preciso reformar la ley de estabilidad presupuestaria para impedir que el PP pueda vetar los objetivos de estabilidad en el Senado; una exigencia que comparten el PDeCAT y Esquerra y a la que ya apuntó la propia vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, este el miércoles.
No es una vía fácil porque se trata de una ley orgánica y su modificación, en condiciones normales, puede llevar cuatro meses. Es decir, no daría tiempo a hacerlo antes de que los Presupuestos lleguen a la Cámara el próximo 30 de septiembre salvo que se haga por vía de urgencia. No en vano, tanto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como el propio Sánchez, han dado a entender que su intención es aceptar el rechazo a esta senda y elaborar las cuentas con los objetivos vigentes, que implican cinco décimas menos de déficit, unos 6.000 millones de euros.
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«Este Gobierno tiene que hacer una reflexión de cómo abordar esta legislatura. Tiene que asumir que no se puede seguir poniendo de perfil, que no se puede estar al mismo tiempo con las élites económicas y con las mayorías sociales», ha insitido Mayoral.
En una línea similar, el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, ha reprochado al Ejecutivo que no se haya esforzado en negociar. «En algunos momentos –ha dicho–hemos tenido la sensación de que el Gobierno no quería que se aprobaran los objetivos de déficit público y por lo tanto nos tenemos que abstener. «Si el Gobierno considera que en algún momento puden prosperar, de entrada lo que ha de modificarse –ha reiterado– es la ley de estabilidad presupuestaria para impedir el veto del PP».
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Esquerra ha querido dejar claro que su abstención de hoy no tiene por qué traducirse con un rechazo a los Presupuestos, pero también ha insistido en que antes es preciso modificar la norma impulsada por Cristóbal Montoro en 2012. «Si no se consigue obviar el veto del Senado no haremos nada», ha argumentado Joan Tardà. «El Gobierno sabe lo que tiene que hacer. Esperemos que en septiembre lo haga y podamos entendernos», ha concluido.
Durante su intervención en el debate de la nueva senda de estabilidad y el techo de gasto de 2019, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado este viernes la política de «trinchera» y «pataleta» que rechaza la senda presupuestaria del Gobierno y las abstenciones a los objetivos de déficit porque supondrá un «daño gratuito» a la ciudadanía y perpetuará el «corsé de los recortes», con un ajuste de unos 18.000 millones de euros y la pérdida de un margen de 6.000 millones de euros.
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No obstante, Montero ha afirmado que el Ejecutivo configurará un proyecto presupuestario para 2019 y ha defendido que los ciudadanos tienen hoy «más motivos para confiar en este Gobierno» ya que saben que «va a ser posible la defensa de sus intereses desde el rigor, la responsabilidad y la estabilidad».
El Ejecutivo ya avanzó que para este año 2018 augura un déficit del 2,7% del PIB, cinco décimas por encima del objetivo comprometido con Bruselas, y actualizó la senda de estabilidad presupuestaria estimando un déficit del 1,8% para 2019, cinco décimas más que la previsión del Gobierno de Rajoy, del 1,1% en 2020 y de cuatro décimas en 2021, frente a las tres décimas y el superávit, respectivamente, previstos por el Ejecutivo del PP.
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La Ley de Estabilidad Presupuestaria, ley orgánica en la que se regula dicho acuerdo, establece que, en caso de que las Cortes no aprueben el techo de gasto, el Gobierno deberá volver a remitir a las Cortes un nuevo acuerdo en un plazo máximo de un mes.
Sin embargo, en ningún momento establece que su aprobación sea imprescindible para la aprobación de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el cual debe ser remitido por el Gobierno a las Cortes antes del 30 de septiembre, según recoge la propia Constitución.
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De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró ayer que el Ejecutivo presentará en tiempo un proyecto presupuestario para 2019 con la senda que plantea, finalmente rechazada por la oposición, o con la anterior del Gobierno de Mariano Rajoy.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apuntado que el Gobierno volverá a presentar los objetivos de déficit rechazados para cumplir los requerimientos de la Ley de Estabilidad, aunque «el resultado es que se volverá a la senda anterior», más restrictiva.
En declaraciones a los medios, Montero ha señalado que el Gobierno llevará al Congreso una senda fiscal que no reste a los ciudadanos recursos que Bruselas les ha permitido, por lo que ha descartado una senda más flexible, pero también ha rechazado la posibilidad de plantear una inferior a lo permitido por la Unión Europea.
Ha pedido a los partidos políticos responsabilidad y reflexión porque si vuelven a rechazar unos objetivos que permite Bruselas y que son más flexibles estarían apoyando una senda anterior, más restrictiva.
«Que las formaciones políticas recapaciten», ha pedido, al tiempo que ha negado que se vaya a reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria porque hasta el momento no ha habido discordancia entre el Congreso y el Senado, ya que la votación no ha pasado el trámite de la Cámara Baja.
Fuentes parlamentarias socialistas han señalado que el Ejecutivo podría negociar una distribución diferente de las cinco décimas de margen que había aprobado el Gobierno y que han sido rechazadas, con el fin de aumentar en más de dos décimas la disposición de gasto para las Comunidades Autónomas.
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