Yolanda Díaz, la elegida de Iglesias como vicepresidenta y líder de Podemos

En un video difundido en redes sociales, Iglesias ha explicado que «la gente de izquierda de este país tenemos que animar y apoyar a Yolanda para que, si así lo decide ella y si así lo quiere la militancia de las organizaciones, sea la candidata de Unidas Podemos en las próximas elecciones generales».

Fuentes consultadas explican que, además de por la militancia, el movimiento debe ser aprobado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consciente de que su ministra de Trabajo está muy bien valorada entre los votantes socialistas. Es decir, puede ser un duro competidor electoral. Y así lo espera también Pablo Iglesias. «Puede ser la próxima presidenta del Gobierno», apostaba en el vídeo con el que ha dado a conocer su decisión.

Pese a todo, no se esperan grandes trabas en este sentido. A pesar de algunos desencuentros con ministros del PSOE, como con la propia vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, la ministra de Trabajo ha mantenido siempre un perfil bajo sobre el 'griterío' político del Congreso. Algo que gusta en el entorno socialista, al aportar ese talante menos agresivo que Pablo Iglesias al Gobierno de coalición.

Yolanda Díaz, abogada laboralista de profesión, llegó al Gobierno con amplio apoyo desde Podemos por su firme defensa de los derechos de los trabajadores en su pasado ligado al sindicalismo en Ferrol, región en la que nació en 1971.

Su padre, Suso Díaz, fue dirigente comunista y secretario general de CCOO Galicia. La propia ministra militó en el partido comunista gallego y en Izquierda Unida, aunque sus ideas se alinean más con las de Pablo Iglesias que con las de Alberto Garzón. De hecho, dejó de militar en el partido del ahora ministro de Consumo tras las elecciones fallidas de abril de 2019, por desavenencias con la alta dirección.

Su amistad con Pablo Iglesias se forjó durante las elecciones gallegas de 2012, en las que salió elegida diputada del Parlamento bajo el asesoramiento del hasta ahora líder de Unidas Podemos. Allí ejerció de viceportavoz hasta las elecciones generales de 2016, cuando dio el salto al Congreso de los Diputados. Tras su paso por diversas comisiones, fue finalmente escogida para ocupar la cartera de Trabajo en enero de 2020. Una apuesta personal de Iglesias con la que lograba, además, cubrir importantes frentes en su propuesta, como contentar a los sindicatos o el propio hecho de situar a una mujer para un cargo de primer nivel.

Durante el año de la pandemia, Díaz se ha consolidado como un valor al alza por la 'pata' de Unidas Podemos dentro del Gobierno, con otros ministerios promovidos por los morados (Consumo, Igualdad y Universidades) con menores competencias para gestionar la crisis sanitaria.

Su cara ha sido habitual en las ruedas de prensa posteriores a los Consejos de Ministros en los que se han tomado decisiones clave para paliar el impacto del coronavirus sobre la economía de familias y empresas. La moderación de su discurso y, sobre todo, la actitud de consenso por la que ha apostado a lo largo de estos meses, ha sentado bien no solo dentro de un Gobierno dividido por las fuertes tensiones internas, sino también entre empresarios y sindicatos, tal y como ha quedado reflejado con los acuerdos alcanzados dentro del marco del diálogo social. Todos sentados en la misma mesa para sacar adelante importantes acuerdos en plena crisis económica global.

La primera de ellas, y una de las más importantes, fue la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que costó a Díaz más de un 'tira y afloja' con Calviño, además de con los empresarios, firmes defensores de que una medida así acabaría por dañar la creación de empleo.

Finalmente, y de una forma más rápido de lo esperado, el Gobierno aprobó ampliar a 950 euros el SMI, con la intención de situarlo en el 60% del salario medio a final de legislatura. Es decir, que llegue a los 1.200 euros para entonces.

Otro de los grandes hitos en los que el Ministerio de Trabajo ha contado con un papel protagonista ha sido el de la aprobación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), así como las sucesivas prórrogas, para capear el impacto de la crisis. Una de las medidas, junto con los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en la que ha habido mayor consenso a la hora de señalar su efectividad para evitar una ola de cierres empresariales aún más grave que la actual.

A este importante plan, que el Gobierno amplió hasta el 31 de mayo de este año, habría que añadir otros logros acordados dentro del diálogo social como la ley del teletrabajo, en la que Yolanda Díaz volvió a demostrar su capacidad de negociación ante la rotunda negativa de los empresarios de hacer frente a puntos como la asunción de parte de los costes de los empleados que trabajan desde casa.

Finalmente, el equipo de Díaz cedió en parte de sus aspiraciones iniciales para que las negociaciones entre empresa y trabajador por esa compensación de los gastos fuesen finalmente voluntarias y bilaterales. Un paso atrás que fue suficiente para que patronales como CEOE y Cepyme diesen su visto bueno a la nueva regulación.

El departamento de Trabajo también trabaja ahora sobre la reforma laboral, que será una pieza clave en la llegada de los fondos europeos que Bruselas ha situado como la línea roja, junto con la reforma de las pensiones, para que todo vaya según lo previsto en el reparto.