Las consecuencias de la guerra de Ucrania en el tejido empresarial español son «inevitables», según reconoció Pedro Sánchez durante su intervención ante los empresarios de este lunes. Para paliar esos efectos, una de las medidas clave anunciadas por el presidente del Gobierno fue una nueva ... línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones de euros que cubrirá necesidades de liquidez por el aumento de los costes de la energía, los combustibles y las materias primas.
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Se copia así el esquema llevado a cabo durante la pandemia dado su buen resultado durante los meses más duros de la pandemia y se amplía ahora por la excepcionalidad de la guerra. De hecho, se ha decidido también ampliar los plazos de vencimiento de aquellos créditos aún vigentes y también los de carencia para los sectores más afectados, que deberían a pagarse este mismo trimestre.
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Lucía Palacios Edurne Martínez
Esta nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para empresas y autónomos afectados por la guerra supondrá todo un balón de oxígeno para muchos de ellos dada la actual coyuntura. Muchos de ellos, especialmente las empresas de menor tamaño, ahogadas desde hace tiempo por el impacto de la pandemia y que ahora se encontraban ante la difícil situación de tener que amortizar los créditos ya recibidos.
Fue en marzo de 2020, en pleno estallido del coronavirus, cuando el Gobierno puso en marcha estos avales públicos de hasta 100.000 millones de euros para incentivar el crédito entre las empresas más afectadas por la crisis. El periodo de carencia (cuando solo se paga interés, y no el principal) se amplió de uno a dos años en noviembre de aquel año, con lo que sería a partir ahora cuando correspondería hacer frente a sus obligaciones financieras a aquellos que no lo hubieran hecho ya, pero ahora se extiende más el plazo.
En total, se han desplegado por ahora avales por importe de 103.77 millones de euros, que han permitido movilizar un total de 136.360 millones en financiación hacia el tejido productivo en casi 1,17 millones de operaciones, según datos del ICO. De ellas, más del 98% han sido suscritas por pymes y autónomos, por lo que una nueva moratoria en los pagos supondría un auténtico alivio para el tejido empresarial español.
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