Hacienda vigilará posibles relaciones familiares antes de adjudicar fondos europeos

Desde el comienzo del plan Next Generation, todas las autoridades tenían claro que no se podían permitir errores del pasado en los que el fraude o la corrupción han sido protagonistas. Por eso, Bruselas había exigido un férreo control de a quién y cómo iba dirigido cada céntimo desembolsado.

Aunque ese control siempre se ha desarrollado con las ayudas públicas, lo cierto es que los agujeros existentes, y la presión de la Comisión, han obligado a reforzarlo. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el miércoles la Orden que regula el procedimiento por el que se analizará 'ex ante' el riesgo de conflicto de interés en contratos y subvenciones del Plan de Recuperación. Es decir, antes de otorgar una ayuda, se podrá comprobar si existe algún tipo de interés oculto.

La Agencia Tributaria utilizará su herramienta Minerva para llevar a cabo este procedimiento a través de la minería informática (de datos). En concreto, la Orden establece que se analizarán las posibles «relaciones familiares o vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las que pueda haber un interés personal o económico susceptible de provocar un conflicto de interés, con la particularidad de que en dicho análisis se tendrá en cuenta la titularidad real de los licitadores o solicitante».

La orden también recoge un nuevo modelo de declaración de ausencia de conflicto de interés, que tendrán que firmar tanto las personas que deciden la concesión de las ayudas, así como los solicitantes, con los titulares reales de unos y de otros. En caso de que el sistema informático detecte algún tipo de relación familiar o profesional, aparecerá un símbolo de una bandera roja. A partir de ahí, se iniciaría todo el proceso de investigación o, en el caso de no estar conformes las partes, de alegaciones.

Dentro de estos planes para reforzar el control ante el riesgo de fraude en el reparto de fondos europeos, Hacienda también ha creado una unidad especializado de asesoramiento en materia de conflicto de interés, en la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), «que tendrá entre sus funciones difundir buenas prácticas para evitar y prevenir conflictos de interés o elaborar manuales prácticos sobre la identificación y la forma de abordar situaciones de conflicto de interés», indican desde el Ministerio.