Las empresas energéticas y entidades bancarias no podrán repercutir los nuevos impuestos anunciados por el presidente del Gobierno al precio final de los servicios que ofrecen a sus clientes. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció este jueves que lo tendrán «prohibido» de ... forma «implícita» en la norma que se está elaborando desde su gabinete.
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«Se va a prohibir que las empresas repercutan ese gravamen en el precio final que soportan los ciudadanos», explicó la ministra en una entrevista en la Cadena Ser, en la que añadió que «se va a dotar a la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) de las funciones para que vigile y aplique las sanciones en caso de incumplimiento». De esta forma, la norma que se está preparando tendrá esta prohibición «implícita», aseguró Montero.
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A su juicio, estas compañías están obteniendo unos beneficios desde el comienzo de la crisis «que no están justificados» y que deberían repercutir en un «mayor bienestar de los ciudadanos», pero hacen lo contrario. Y puso como ejemplo que mientras que el Banco Central Europeo (BCE) aún no ha alterado prácticamente su política monetaria de subida de tipos de interés, las entidades bancarias están ya subiendo el precio de alguno de sus productos a los clientes. «Aquellos que más ganan deben poner más para que la clase vulnerable no tenga que sufrir las consecuencias de una crisis que no han provocado ellos», afirmó la ministra.
Según sus cálculos, estos dos nuevos impuestos supondrán unos ingresos extra para el Estado de 3.500 millones de euros al año durante dos ejercicios. Así, la ministra detalló que el nuevo gravamen a las eléctricas supondrá unos 2.000 millones de rendimiento anual y 1.500 millones el dirigido a las entidades financieras.
Según cálculos elaborados por los analistas de banca española de S&P Global Ratings, ese coste extra equivaldrá a cerca del 12% de los beneficios domésticos del sistema bancario español en el mismo periodo. En un infome publicado el miércoles, la firma considera que la medida también podría recortar en 70 puntos básicos la rentabilidad anual (en términos de ROE, que compara beneficio con recursos propios) del sector.
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En cuanto a la elevada inflación (que en junio se disparó hasta el 10,2% según los datos confirmados esta semana por el INE), la ministra Montero aseguró que las medidas adoptadas por el Gobierno en su plan anticrisis reducen la tasa «en torno a 3,5 puntos». Detalló que la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante y la reducción del 80% de los impuestos de la factura eléctrica ayudan a las familias a soportar mejor esta situación. «No estamos escurriendo el bulto, aceptamos nuestra responsabilidad en esta crisis, pero también pedimos a las comunidades autónomas que colaboren con medidas complementarias para ayudar a los ciudadanos como en la gratuidad del transporte urbano», pidió Montero.
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