Guerra entre las VTC: Auro denunciará a Cabify por presunta competencia desleal

Esta práctica permitiría un beneficio irregular porque una licencia de VTC en algunas regiones con menos demanda puede costar cerca de 10.000 euros mientras en Madrid, donde pedir uno de estos vehículos es mucho más habitual, tiene un precio que en ocasiones alcanza los 80.000 euros. Ruiz sostiene que Cabify comenzó a operar de esta forma hace un año, después de que ambas empresas rompieran su relación contractual.

Cabify tenía en exclusiva más de mil licencias pertenecientes a Auro, que tras la ruptura se unió a otras compañías del sector como Uber y Bolt, marcas que aún no han aclarado si se sumarán a la demanda colectiva que prepara su socio. Para amortiguar la pérdida de licencias que supuso el final de aquel contrato, según expone la documentación recabada por Auro a la que ha tenido acceso este periódico, Cabify empezó a operar en la capital con matrículas de otras regiones, hasta el punto de que la Comunidad de Madrid ha sancionado de forma recurrente a conductores de esta empresa por prestar servicio sin licencia en la capital y falseando la pegatina que deben llevar en la luna trasera con las características estrellas del escudo madrileño.

Auro rompió con Cabify cuando sus ingresos «empezaron a caer», aunque lo cierto es que su intención siempre había sido trabajar con otras empresas que no exigen exclusividad, es decir, el grupo que preside Félix Ruiz pretendía ofrecer sus licencias a varias compañías a la vez, como hace ahora, punto al que Cabify se negó. Esto sucedió hace más de un año y el asunto aún sigue en los juzgados. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó el incidente de nulidad presentado por Auro contra la sentencia que confirmaba que la cláusula de exclusividad que mantenía con Cabify para operar sus licencias de VTC era válida, decisión recurrida por Auro ante el Tribunal Constitucional.

Desde Auro aseguran que Cabify tiene al menos mil licencias «que pertenecen a otras comunidades autónomas pero operan en Madrid» y advierte de que también demandará a los consejeros de Cabify, entre los que se encuentran Seaya Ventures y Rakuten, «dos fondos institucionales que permiten lo que está ocurriendo». Desde Cabify adelantan que han iniciado una investigación interna y no descartan interponer una posible contrademanda por difamaciones, a la vez que mantienen que cumplen «con todas las obligaciones legales» e instan a sus colaboradores a hacer lo mismo.

Cabify detalla además que ha iniciado un protocolo para volver a solicitar toda la documentación necesaria «relativa a las licencias de VTC» a sus empresas colaboradoras y evitar irregularidades: «Aquellas licencias que no han respondido a este requerimiento, menos del uno por ciento, han sido desconectadas de la plataforma preventivamente, por lo que Cabify puede asegurar que ninguna licencia de VTC de otra comunidad se encuentra actualmente operando en su plataforma en Madrid».

Ambas compañías, tanto Auro como Cabify, tienen previsto reunirse por separado esta semana con representantes de la Comunidad de Madrid para exponer sus versiones.