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Este 2022 estaba llamado a ser el año de la recuperación justa. De la velocidad de crucero. Un crecimiento lo suficientemente robusto como para sobreponernos al desplome del 10,8% sufrido en el primer año de pandemia, del que apenas se recobró la mitad (un ... 5%) en 2021. Pero la esperanza ha caído en saco roto. La guerra en Ucrania ha provocado un revolcón inesperado que complica, y mucho, el cumplimiento de las previsiones del cuadro macroeconómico sobre el que el Gobierno elaboró los Presupuestos Generales del Estado de este año.
Esa hoja de ruta, en la que se estimaba un crecimiento del 7%en 2022, se presentó el pasado septiembre, cuando ni siquiera había aparecido la variante ómicron del coronavirus. Pero ni el impacto de la sexta ola ni el fuerte repunte de los precios –antes de que estallara el conflicto bélico– habían sido suficientes para que el Ejecutivo admitiese que sus estimaciones se quedaban desfasadas. Hasta ahora. El Gobierno reconoce que la guerra impactará en la economía, con una inflación que ya venía desbocada –7,6%en febrero– y que se agravará con la escalada del crudo, del gas y de otras materias primas. Ya lo asimiló la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en 'La Conversación', el acto que conmemoró el 50º aniversario de Colpisa el pasado jueves:«La guerra puede ralentizar la recuperación económica», admitió, antes de apostillar que «no la pone en riesgo». Por limitada exposición que España tenga ante Rusia, la crisis golpeará de forma intensa al consumo, la inversión y las exportaciones.
Ante este contexto, María Jesús Fernández, economista sénior de Funcas, recuerda que los Presupuestos fueron elaborados con la previsión de que el precio del petróleo rondaría los 60 dólares este año. Con el barril de Brent superando ahora los 110 dólares, la media desde enero alcanza los 91. «Si el petróleo se importa a 100 dólares de media anual este 2022, supondrá una factura energética de 20.000 millones», indica Fernández. Yde unos 14.000 si se compara con lo que pagamos el año pasado.
La elevada inflación no solo es un preocupante escollo para España. «A corto plazo, las consecuencias para la economía mundial son claras: persistencia del choque inflacionario y un golpe escalofriante para el crecimiento», advierte Yves Bonzon, desde la gestora Julius Baer.
El problema es que apenas hemos conseguido normalizar la economía tras el coronavirus y encadenamos otra crisis de magnitudes impredecibles. Yla capacidad de reacción de las políticas monetarias y fiscales parecen más limitadas tras el derroche de herramientas desplegado durante la pandemia. «Los bancos centrales no podrían reducir una inflación globalmente elevada mediante política monetaria, al tratarse de inflación de oferta y no de demanda», explican los analistas de Bankinter. De momento, el BCE ha decidido acelerar la retirada de compras de deuda, pero sin tocar tipos de interés todavía. Así que la pregunta es si realmente estamos ante la temida estanflación.
Los analistas coinciden en que a corto plazo ese parece el escenario más probable. Pero no esperan que esto se prolongue en el tiempo. «La situación es muy seria por la subida de los precios del petróleo, pero España no entrará en recesión», indica Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano. «No creo que se generen efectos de segunda ronda con un traslado a los salarios», insiste.
El BCE estima ahora que la inflación en la zona euro se situará en el 5,1% este año frente al 3,2% de su previsión de diciembre. Niveles que sin duda restarán poder adquisitivo y capacidad de consumo y afectarán también a las cuentas públicas, especialmente de los países más endeudados como España. «Si se consumen menos bienes y servicios porque la energía se ha encarecido, el Estado recaudará menos por IVA. Las empresas pueden recortar su producción para hacer frente a los mayores costes y eso implicará menos crecimiento de beneficios y, por tanto, menos recaudación por IRPFo Sociedades», indica Funcas.
Josep Oliver Alonso, catedrático de Economía Aplicada, coincide en que las cuentas del sector público se verán «afectadas a peor ante cualquier política compensatoria» frente al impacto de la guerra. De hecho, el Gobierno estima en 12.000 millones el coste fiscal por la rebaja de impuestos eléctricos acometida para aligerar el recibo de la luz. Además de la merma de ingresos que se produciría por la propia desaceleración económica, los expertos advierten del impacto en déficit del posible incremento del gasto si finalmente la crisis acaba por afectar al empleo (vía mayores subsidios). También se elevaría de forma notable la cuantía destinada a las pensiones en 2023, ya que su revalorización está ligada al IPC medio entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022.
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