El gran consumo carga contra la reducción de horas trabajadas: «Destrozará la productividad»

Así lo indicó este miércoles Francisco Javier Campo, presidente de AECOC. La patronal del sector –que agrupa a más de 33.000 empresas como Mercadona, Alcampo, El Corte Inglés o Carrefour– se mostró muy crítica con la medida, explicando que «con 1,1 millones de empleados más, estamos trabajando las mismas horas que hace cuatro años».

Durante su discurso inaugural en el 38 Congreso AECOC Gran Consumo que estos días se celebra en Zaragoza, Campo insistió en que la medida afectará a la ya mermada productividad de la economía nacional, que actualmente se sitúa un 24% por debajo de la zona euro y es tres puntos inferior a la de 2019, antes de la pandemia. «Solo van a conseguir profundizar el problema», añade.

La cautela es máxima ante las dudas que rodean al pacto. «No tengo nada que discutir sobre el concepto y el objetivo;el problema es que tendrá un coste y hay que ver cómo se implementa y tener en cuenta a los agentes sociales», añade Javier Roza, director general de Mantequerías Arias. Según advierte, la medida provocará un aumento de los costes laborales –que el directivo calcula en hasta un 10%, al tener que emplear más gente para producir lo mismo– que algunas empresas no podrá soportar. «Puede llevar aparejada la reducción de resultados, la inversión y el empleo;o compensarlo subiendo el precio final y, si la gente trabaja menos pero le van a costar más las cosas...», reflexiona. «Tenemos que pedir un mínimo de coherencia: que nos dejen trabajar y no nos pongan palos en las ruedas».

La realidad es que aunque la semana laboral legal en España es de 40 horas, de media se trabajan 33, según la Encuesta de Población Activa (EPA). El tiempo de trabajo efectivo se ha ido recortando progresivamente en los últimos años, sin necesidad de mediar el Gobierno. Es más, en la última década, se han perdido más de dos horas de trabajo:en 2013 la semana laboral alcanzaba las 35,6 horas.

«Si queremos incrementar el PIB per cápita, la calidad de vida de nuestros clientes, tenemos que mejorar la tasa de actividad y la formación bruta de capital, y eso va a requerir de consenso político», añaden los empresarios, advirtiendo del riesgo que supone la «constante confrontación y la división de la que no puede salir nada bueno».

El Gobierno se defiende

En medio del revuelo generado por esta medida entre los empresarios, el Gobierno ha querido calmar los ánimos y ha asegurado que antes de implantarla la llevará al diálogo social. Así lo aseguró este martes la ministra de Hacienda y Función Pública y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, aunque en el pacto acordado este lunes no se especifica; al contrario, se deduce que se reducirá la jornada a 37,5 horas en 2025 y, a partir de entonces, se constituirá una mesa con los agentes sociales que evalúe los resultados de esta medida y siga avanzando en la disminución de la jornada legal.

Montero se mostró optimista en lograr el visto bueno de este recorte horario pese al frontal rechazo que ha manifestado la patronal y, en declaraciones a la cadena SER, apostó por que se conseguirá acordar la reducción de jornada con los agentes sociales «con o más o menos entusiasmo» por alguna de las partes.

«Siempre este Gobierno va a dar una oportunidad al diálogo, y de lo que sí se trata es de tener con claridad una vocación de bajar una jornada laboral sin reducción salarial», precisó Montero, que defendió que se trata de una medida de «bastante sentido común», pues gran parte de los convenios colectivos ya incorporan medidas en este sentido.

Las críticas al pacto de Gobierno se multiplican, también ante el acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) y garantizar en el Estatuto de los Trabajadores que aumentará acompasado al 60% del salario medio. «Lo que es imposible es intentar competir cuando se tiene una productividad tan baja con unos costes laborales altos», indican.

Pese a la resistencia que el mercado laboral ha mostrado tras la pandemia y la crisis energética, el sector consideran que otro de los retos de la economía es el de revisar las políticas de empleo y de desempleo. «Hemos noramalizado tasas de paro de doble dígito y el elevado paro juvenil», advierte la patronal, que aboga por pasar del denominado fenómeno de 'La Gran Renuncia' -cuando millones de empleados en EE UU abandonaron sus antiguos puestos tras la pandemia- al de 'La gran incorporación del mercado laboral'. «Es la única manera que tenemos de luchar contra la reducción del PIB per cápita».

Sus palabras no se producen en un momento cualquiera. Coinciden con el impacto que sobre el bolsillo de los consumidores está teniendo el actual ciclo de elevada inflación y subida de precios, en el que mucho está teniendo que ver el alza de las materias primas alimentarias. La pérdida de poder adquisitivo es una de las grandes preocupaciones de estas empresas, que esperan mayor presión en sus volúmenes de venta en los próximos meses.

Campo confía en que pese a las dificultades por las que atraviesan las familias, los márgenes se recuperarán a finales de este año. Pero un 76% de sus empresas asociadas aún prevé que sus clientes se vean afectados por la pérdida de poder adquisitivo en los próximos meses, lo que irremediablemente afectará a los niveles de venta.