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Madrid
Jueves, 17 de noviembre 2022, 17:07
El Gobierno cede y afloja la presión sobre las compañías energéticas. La Comisión de Asuntos Económicos del Congreso aprobó el jueves dos enmiendas del PNV y PDeCAT por las que tanto el negocio regulado como los ingresos generados fuera de España se librarán del impuesto ... al sector con el que el Ejecutivo aspiraba a recaudar 4.000 millones de euros en dos años, gravando al 1,2% su facturación.
El acuerdo alcanzado entre los grupos y los socios de coalición implica que el gravamen no se aplicará sobre ningún tipo de suministro a precio reglado. El texto menciona en concreto la tarifa de último recurso (TUR) del gas y del gas licuado (GLP), el PVPC de electricidad, así como «los ingresos regulados de redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural».
En el caso de generación con retribución regulada y retribución adicional en territorio no peninsular «todos los ingresos de las instalaciones, incluidos los que perciben del mercado y el despacho económico» también quedan exentos.
Las enmiendas suponen un cierto respiro para el sector, ya que forman parte de sus propias demandas planteadas hace varias semanas. De hecho, las energéticas habían sido especialmente críticas con el impuesto desde su anuncio, sobre todo porque el tributo se decidió aplicar sobre los ingresos, en vez de seguir la vía europea que lo ciñe a los beneficios extraordinarios. Tras asumir que finalmente impactaría en la cifra de negocio, el sector llevaba semanas reclamando dejar a un lado el negocio regulado, como finalmente ha ocurrido.
Endesa, por ejemplo, había cifrado en unos 400 millones de euros el impacto de esta carga, que ahora se verá notablemente reducida al generar prácticamente todo su negocio en España. Iberdrola también decidió reservarse esa cantidad para hacer frente al gravamen.
Dentro de los acuerdos alcanzados, Hacienda también ha cedido ante sus socios parlamentarios Bildu y ERC, que reclamaban convertir en permanente este impuesto y el que se aplicará a la banca hasta 2024. El Gobierno se ha comprometido a elaborar un informe para valorar esta posibilidad y, respecto a las negociaciones con el grupo vasco, se ha pactado que las haciendas forales vascas y navarras tengan la opción de gestionar estos nuevos gravámenes.
Otra de las sorpresas de la jornada llegaba, precisamente, con el impuesto a los bancos con el que Hacienda espera recaudar 3.000 millones de euros en dos años. Finalmente, entre las enmiendas de PSOE y Podemos no se ha incluido la propuesta para que ese tributo afecte también a los bancos extranjeros con sucursal en España.
El informe salido de la ponencia incluye en la exposición de motivos que se aplicará a los bancos de otros países presentes en territorio nacional, pero la enmienda no se incluyó ni en la fase de ponencia ni ahora en la comisión, con lo que todo indica que quedará pendiente para el Pleno.
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