El Gobierno se refugia en Europa para justificar la subida del diésel

¿Entonces? La desinformación era esto. Y todo ello en un sector que supone el 10% del PIB español y que emplea a 40.000 personas relacionadas con el diésel, según datos de los fabricantes. Hay miedo. Un miedo que ha provocado paradas en factorías señeras como la navarra Landaben (Volkswagen) o la vitoriana de Mercedes, donde el viernes trascendió que pararán cinco días en octubre debido a la incertidumbre.

Que el Gobierno, en lo político, está perdiendo la batalla del relato en el polémico debate sobre la subida del precio del diésel es algo tan obvio como que tiene a su disposición una batería de fríos datos europeos capaces de hacerle remontar el vuelo y poder justificar una medida fiscal que, ojo, puede tener un impacto electoral notable porque el bolsillo de los ciudadanos no entiende de ideologías. Poco importa que uno sea de izquierdas o derechas, rico o pobre. El surtidor trata a todos por igual y el parque móvil de gasóleo supera los 18 millones de unidades.

La Moncloa debe andarse con pies de plomo, pero tiene margen de actuación si se mira en el espejo comunitario. España, con el 47%, es el tercer país de los 28 donde el gasoil soporta una menor carga tributaria a la hora de repostar. Según datos de la UE, sólo Luxemburgo (44%) y Bulgaria (46%) tienen un porcentaje menor. En Reino Unido, por contra, es del 60%, y en Francia, del 59%. Además, dentro de España, ese 47% está aún muy lejos del 52% con el que se penaliza a la gasolina. Sólo Reino Unido y Chipre penalizan más al diésel que a la gasolina.

Más allá de los datos, la Comisión lleva años pidiendo a España que centre sus esfuerzos en mejorar la llamada fiscalidad verde al estar medio punto de PIB por debajo de la media comunitaria. El margen de actuación existe y tiene, además, el mejor de los avales: Bruselas. La UE sigue siendo la mejor excusa cuando se trata de compararse con el resto de Estados miembro. Se trata de contar bien las cosas. El relato. Todo lo contrario de lo que esta semana ha hecho el Gobierno socialista. Cuando parecía que las aguas se habían encauzado después de que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, decretase en julio la muerte del diésel asegurando que «tiene los días contados», el pasado lunes, en el simbólico arranque del curso político, le tocó el turno a la de Industria. Una hora después de que Sánchez confirmarse la futura subida porque «el Ejecutivo del PSOE es ecologista», Reyes Maroto aseguró que el debate era un mero «globo sonda». Eso sí, horas después reculó aduciendo que se malinterpretaron sus palabras.

En realidad, tampoco iba mal desencaminada ya que poco o nada se sabe más allá de la voluntad de subir el precio del diésel. Así lo aseguran fuentes oficiales del Ministerio de Hacienda consultadas por este periódico. «No hay nada concreto, los técnicos están trabajando en ello. Lo que sí se puede confirmar es que no hay afán recaudatorio, sólo medioambiental, que el aumento será progresivo y que sectores profesionales como los agricultores o los transportistas quedarán exentos», matizan.

No sé sabe ni cuánto se recaudará, ni qué se entiende por «sectores profesionales». «Es esto precisamente en lo que se está trabajando», explican en Hacienda. Por si acaso, todos estos sectores ya se han puesto la venda antes de la herida y llevan semanas exigiendo quedar eximidos del aumento. La Federación de Autónomos (ATA) ya ha cifrado en 200.000 los profesionales afectados, entre los que incluyen 40.000 taxistas, 20.000 repartidores, 25.000 agentes comerciales y miles de conductores de ambulancias o autobuses».

El sector pasa a la ofensiva

Pero si el Gobierno tiene argumentos para justificar una posible subida, el sector (ya sean fabricantes, concesionarios o distribuidores) está pertrechado de un sinfín de datos para desacreditar el debate 'diésel sí o diésel no' y «hablar del verdadero problema: la antigüedad del parque móvil español, que ha supera los 12 años y es el gran causante de las emisiones contaminantes», como explican desde Faconauto. Hoy en día, matizan, un turismo de gasóleo contamina casi igual que uno de gasolina en lo referido a partículas como el óxido de nitrógeno (Nox), pero si se habla de CO2, «los motores de gasolina contaminan el 20%, además de consumir el 25% más de combustible que los de gasoil».

Así como el Gobierno de Sánchez tiene un gran aval en Bruselas, el sector también lo tiene. La Comisión Europea, como recuerdan fuentes comunitarias, no está en contra del diésel, sino de energías que no sean limpias. Y un coche de 2008 no tiene nada que ver con uno fabricado en 2018. El mundo ideal llegará con los vehículos eléctricos o híbridos, pero mientras tanto, la clave son las emisiones, no el tipo de combustible.