El Gobierno pone coto a la burbuja especulativa en las renovables

En concreto, la norma promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cuenta con cuatro bloques principales: el primero incluye la normativa para el acceso y la conexión a la red y regula un nuevo mecanismo de subastas para dotar a las renovables de un marco prededible y estable. El segundo se dedica al impulso de nuevos modelos de negocio, como la agregación de la demanda, el almacenamiento, la hibridación y la regulación de las comunidades de energía renovables. El tercero aborda la eficiencia energética flexibilizando el Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Y el cuarto pone en marcha una serie de medidas para el impulso de la actividad y el empleo en respuesta a la crisis de la Covid-19.

El nuevo real decreto promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico trata de acelerar la consecución de los objetivos «verdes» de la economía española, al tiempo que se dota al sector de un marco estable. De esta manera, con la norma que ha aprobado el Gobierno se regulan los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, que son dos autorizaciones que los promotores necesitan para poner en marcha sus plantas de renovables de modo que estos derechos estén asociados a proyectos reales y firmes. Lo que se busca es evitar las inversiones de carácter financiero y especulativo que la Administración tiene indicios de que se están desarrollando ante la insuficiencia de la regulación vigente para evitarlo.

En estos momentos, las solicitudes de acceso a la red son por valor de más de 430.000 megavatios, frente a los 60.000 de potencia renovable en España fijado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima a 2030. El Gobierno tiene indicios de un eventual e importante componente especulativo de buena parte de esas peticiones, debido a la escasa madurez de los proyectos y a que hay muchos titulares de permisos de acceso, hasta un 60%, que no han solicitado el permiso de conexión.

Esta situación, alega el Gobierno, obstaculiza y encarece la puesta en marcha de los proyectos solventes, al tiempo que encarece la factura de la luz para los consumidores. Para evitar que se enfrenten a ello los necesarios 60.000 megavatios de potencia renovable que se habrán de instalar en España hasta 2030, Transición Ecológica ha establecido una serie de hitos administrativos sucesivos que habrán de cumplir los solicitantes para que sus permisos no caduquen. Los titulares tendrán que ir cumpliendo cada uno de esos hitos, como la obtención de la declaración de impacto ambiental favorable y la autorización administrativa de construcción, en los tiempos fijados. De no seguir el camino previsto en el nuevo decreto, los permisos otorgados caducarán de forma automática con la ejecución de los avales económicos que se exigen al solicitar la autorización. De acuerdo con la norma, el último de los plazos concluye a los cinco años de iniciarse el cómputo para el primer hito.

Ahora, los titulares y los solicitantes de las autorizaciones tendrán tres meses desde la entrada en vigor de la norma para renunciar a ellas y recibir la devolución de las garantías. Y también se establece una moratoria para nuevas solicitudes de acceso, que no se podrán pedir hasta que se apruebe una nueva regulación sobre estos permisos, que exigirá a los solicitantes una mayor maduración de los proyectos y estudios previos. El Ejecutivo argumenta que así se evitarán nuevas solicitudes potencialmente especulativas sobre la capacidad que se libere mientras se desarrolla la normativa.

La norma también recoge la creación de un nuevo sistema de subastas de renovables, que ofrecerá previsibilidad y estabilidad de ingresos y financiación a los inversores de las nuevas plantas renovables y que trasladará a los consumidores de forma directa los ahorros asociados a la incorporación de renovables al sistema eléctrico, dado que se trata de la fuente de generación de energía más barata. «El marco vigente se desarrolló en 2013, un momento en el que el coste de generación de un kilovatio hora renovable era más caro que el precio al que se vendía en el mercado. La situación actual es justamente la contraria y es necesario actualizar el modelo», ha defendido Teresa Ribera. Los sistemas de retribución de los países del entorno de España registran resultados de sus subastas en niveles inferiores a los que tienen lugar en el mercado eléctrico, y ello obedece a que el desarrollo de los últimos años ha abaratado la generación eléctrica con fuentes renovables. Las subastas que se realizarán en España, que tendrán lugar en el segundo semestre del año, serán similares a las realizadas en otros países cercanos, como es el caso de Portugal.

El real decreto también incorpora al ordenamiento jurídico español nuevos modelos de negocio que serán claves en la transición energética, como la figura del almacenamiento; la de la hibridación, que favorece la combinación de diversas tecnologías en una misma instalación; además las comunidades de energía renovables: para dinamizar la participación de la ciudadanía en la transición ecológica se favorece que ciudadanos y autoridades locales puedan ser socios de proyectos de energías renovables en sus localidades.

Con vistas a la expansión del vehículo eléctrico, el nuevo decreto otorga la declaración de utilidad pública a las infraestructuras eléctricas asociadas a los puntos de recarga de alta capacidad, lo que es fundamental para permitir que se abran estaciones de recarga ultra-rápida en carreteras, autovías y autopistas, lo que aumenta las posibilidades de la movilidad eléctrica.

Asimismo, se extiende la vigencia del Fondo Nacional de Eficiencia Energética hasta el 31 de diciembre de 2030 en previsión de su próxima caducidad. Este fondo, que se dota con cuotas anuales de las empresas comercializadoras de gas, electricidad y productos petrolíferos, ha permitido movilizar más de mil millones de euros en ayudas en los últimos cinco años para invertir en medidas de ahorro de energía.

En cuanto a los apoyos para paliar los efectos de la crisis sanitaria y asegurar la liquidez del sistema eléctrico en el corto plazo, las empresas podrán usar el superávit de ingresos para cubrir los desajustes y las desviaciones entre ingresos y costes del sistema que afloren en 2019 y 2020.

Y, por último, la creación del Instituto de la Transición Justa hará posible el despliegue y la financiación de proyectos de energías renovables que garanticen el empleo y la actividad económica en las zonas en que se estén cerrando centrales térmicas de carbón.