El Gobierno obvia la reforma laboral en las medidas planteadas a Bruselas

En la edición de 2019 del Programa Nacional de Reformas, enviado el martes a Bruselas, evita toda mención a las dos últimas grandes modificaciones de las reglas del juego del mercado de trabajo, una aprobada por el PSOE en 2010 y la siguiente por el PP en 2012. Los principales sindicatos, CC OO y UGT, le vienen instando a Sánchez desde que llegó a La Moncloa en junio de 2018 a que finiquite ambas, la última vez este mismo miércoles tras las manifestaciones del Día Internacional de los Trabajadores.

El jefe del Ejecutivo dijo cuando estaba en la oposición que eliminaría ambas reformas, aunque al poco de ser elegido matizó que acabaría con «los aspectos más lesivos». Finalmente, arguyó falta de apoyos parlamentarios para no acometer esas modificaciones. Y ahora, en un documento de 95 páginas terminado tras saber que reeditará su mandato presidencial y, además, presumiblemente, de forma más holgada, el asunto ya no merece mención.

Al hablar de sus medidas para lograr un mercado laboral «eficiente y justo», y tras constatar la «profunda segmentación» entre empleo temporal e indefinido, el gabinete socialista únicamente afirma que elaborará un nuevo Estatuto de los Trabajadores que «compagine el reconocimiento de nuevos derechos» de éstos con «la necesaria competitividad empresarial y el papel de la negociación colectiva como elemento de reequilibrio necesario». En este sentido apunta que lo hará «en concertación con los agentes sociales».

Asimismo, insiste en reducir la segmentación del mercado laboral, un objetivo «prioritario» que incluyó en la Agenda del Cambio, aprobada por el Consejo de Ministros el 8 de febrero. Para ello prevé «simplificar y reordenar el menú de contratos de trabajo» a fin de «avanzar –no dice plazos– hacia tres fórmulas contractuales básicas:_indefinido, temporal estructural y formativo».

La otra medida, también apuntada en parte en dicho plan, es la implantación «gradual» de un «sistema de cuentas individuales de capitalización para la movilidad», esto es, de la denominada 'mochila austriaca' porque este país centroeuropeo la puso en marcha en 2003 tras eliminar la indemnización por despido. Se trata de un fondo al que irían aportando los trabajadores y las empresas, como una parte más del salario ordinario, y que se mantendría a lo largo de su vida laboral. Su cobro se haría efectivo en los supuestos de despido, movilización geográfica y de desarrollo de actividades de formación, o bien a su jubilación.

Para el Gobierno, dicha propuesta tiene «potencial para contribuir significativamente al al dinamismo laboral y a la productividad española». Eso sí, tambien se abordará «en el marco del diálogo social» con el fin de que «su diseño y aprobación cuenten con los mayores consensos» posibles. Otra de las metas que se plantea, aunque ya «a medio plazo», es elevar más el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta que llegue a suponer el 60% del sueldo medio.

El desarrollo de un Plan Estratégico de Formación Profesional, que aproxime las tasas españolas de este tipo de alumnado a las europeas, es una medida a caballo entre las áreas de empleo y educación. Y en el ámbito de la empresa, el Ejecutivo trabaja en el diseño de la Estrategia España Nación Emprendedora, con la que pretende reducir la brecha de capacitación en tecnologías de la información y habilidades digitales, junto al anteproyecto de Ley de fomento del ecosistema de 'startups'.

Ya en la regulación económica constituirá una nueva conferencia sectorial para mejorar el clima de negocios, creará la autoridad de protección del cliente financiero y avanzará en el modelo de supervisión 'twin peaks', con un organismo que vigilaría las entidades financieras, las aseguradoras y los operadores (Banco de España) y otro la conducta y comercialización de productos (Comisión Nacional del Mercado de Valores).