Calviño asume la decisión de Ferrovial que Díaz considera «inaceptable»

En todo caso, pese a esta diferencia en el tono de dos de sus vicepresidentas, el Ejecutivo se había empleado a fondo y hasta el mismo mediodía en que estaba programada la junta para evitar que esta propuesta del consejo de administración se consumara. Así, el día amanecía con las declaraciones del ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, quien tachó esta decisión corporativa de «extraña» y de que va «a contracorriente» a la vista de que España es el país de la Unión Europea que presenta mejores perspectivas económicas. Bolaños también esgrimió como argumento el hecho de que España se encuentre en cifras récord de inversión extranjera por, añadió, sus «grandes oportunidades económicas y de empleo».

Desde que a finales de febrero el consejo de administración de Ferrovial comunicara su intención de trasladar su sede social de Madrid a Amsterdam para facilitar su inclusión en la Bolsa americana, el Gobierno ejerció una importante presión para evitar que se ejecutara, que llegara a término. Ésta tomó fuerza sobre todo en la última semana, en vísperas de la decisión última de los accionistas. Este mismo lunes, tres días antes de la celebración de la junta, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, remitió una carta al consejero delegado del grupo constructor y concesionario, Ignacio Madridejos, en la que argumentaba que no hay razones para su mudanza, dado que, aseguraba, no es necesario el traslado a Ámsterdam para que una empresa española cotice en la Bolsa de Nueva York: en la misiva Economía insistía en que no hay ningún impedimento legal que impida a una sociedad española cotizar en Wall Street. Además, en el caso de que afloraran una vez iniciado el proceso para lograr estar en un parqué estadounidense, el Ejecutivo se compromete a realizar las reformas legales necesarias para hacerlo posible.

El argumento del Gobierno es que no hay razones económicas detrás de la decisión de Ferrovial de cambiarse de sede. Así lo aseguraba también la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, quien además señalaba que, por ello, la compañía puede poner en riesgo las ventajas fiscales del régimen especial de fusiones de que disfruta: si sólo hay motivos tributarios para el traslado y no razones económicas, la Agencia Tributaria puede determinar que no aplican tales beneficios, sino un cargo fiscal.

El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, también se mostró partidario de que el Gobierno evalúe la retirada o reducción de los beneficios fiscales a Ferrovial en caso de que se ejecute el cambio de sede. Así lo hizo desde Washington, desde la ciudad en que se celebran las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

Este jueves, la titular de Hacienda señaló que, lejos de ejercer presión para que la compañía no se traslade a Países Bajos, con la carta remitida a principios de semana lo que pretendía era explicar que el motivo proferido por la empresa para marcharse de España, poder cotizar en Estados Unidos, «no se corresponde con la legalidad vigente». En este sentido, Montero defendió la «obligación» y la «responsabilidad» del Gobierno es dejar claro que no hay ningún problema para que una compañía ubicada en España cotice tanto en el mercado local como en el americano. Lo que ha hecho el Ejecutivo, insistió Montero, es transmitir «con total contundencia» que, según Bolsas y Mercados Españoles y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, «no hay absolutamente ningún problema para que se pueda cotizar en Estados Unidos y para que haya doble cotización».

Y en ese argumento volvió a incidir el Gobierno tras conocerse el resultado de la votación de los accionistas: «Como ha quedado claro, por los análisis del supervisor del mercado de valores (CNMV) y Bolsas y Mercados Españoles (BME), las empresas cotizadas en España pueden cotizar en la Bolsa norteamericana si así lo solicitan, ya que no existen obstáculos legales, normativos o de operativa que lo impidan», remarcaron desde Economía.

Ferrovial respondió al Gobierno en todos sus argumentos en los últimos días: en primer lugar, defendió que las razones económicas de su decisión son «sobradas y conocidas»; también, que no hay ventajas ni desventajas fiscales ni para la sociedad ni para los accionistas con esta operación y que hay problemas insalvables para su cotización en Estados Unidos que justifican su cambio de sede societaria.

En la propia junta general que tiene lugar este mediodía, el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, afirmó que la reorganización societaria «persigue objetivos económicos válidos», lo que le hace posible acogerse al ahorro de impuestos. «La operación no se hace por motivos fiscales, ya que es neutra para la compañía a estos efectos. Los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán similares a los que está pagando antes de realizarla. Como muestra la jurisprudencia de los tribunales españoles y comunitarios, la existencia de motivos económicos válidos y el hecho de que no persigamos ninguna ventaja fiscal permiten que la operación pueda acogerse al régimen de neutralidad fiscal de las fusiones», señaló el presidente de la corporación.

Y con respecto a la posibilidad de cotizar en Estados Unidos sin trasladar la sede a Ámsterdam, Del Pino puso de relieve que «no es fácil ni inmediato establecer el camino de cotización en Estados Unidos directamente desde España» y que «tanto el proceso como el plazo de ejecución son inciertos a día de hoy».

Asimismo, trascendió que la compañía está molesta porque no ha tenido interlocución directa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A este respecto, Montero contraatacó: «Me consta que la vicepresidenta primera y yo misma hemos hablado con el señor Del Pino. Lo más importante no es si tiene o no interlocución con el presidente, sino con el Gobierno, y no ha habido ninguna laguna de comunicación con la empresa». La titular de Hacienda aseguró que la interlocución del Ejecutivo con la compañía ha sido «permanente», tanto a instancias del primero como de la segunda.

El lado morado del Ejecutivo fue más duro con sus declaraciones. Ione Belarra, secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, afirmó: «El Gobierno de España no puede permitir lo que estamos viendo con Ferrovial, tiene que ser mucho más contundente». Y, en este sentido, reclamó que la empresa devuelva «hasta el último euro de dinero público» que haya recibido.

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por su parte, criticó al Ejecutivo: «El hecho de que el Gobierno esté legislando en contra de la captación de inversiones y del mantenimiento de inversiones en nuestro país a veces produce efectos y éste es un efecto lamentable», lanzó. «Para el Partido Popular es muy mala noticia que Ferrovial pueda tomar una decisión de salir en parte del territorio de origen, que es España, y lo que hemos de conseguir, y yo me comprometo a conseguir, es que los accionistas de esta empresa o de cualquier otra tengan motivos para quedarse en España», añadió. «Desde el insulto, desde el menosprecio y desde el señalamiento a las empresas no se soluciona nada», agregó, para acto seguido instar al Ejecutivo a que «dialogue» y «se siente» para resolver los problemas.

Además, el popular se comprometió, si gana las elecciones y llega al Palacio de la Moncloa, a cambiar la legislación para que siempre una compañía «tenga razones para quedarse en España» y no traslade su sede fuera, para que cada vez que un accionista tenga que pronunciarse sobre movimientos de este tipo encuentre razones para que las empresas se queden en España.