El Gobierno descarta ayudas directas para rescatar a los hosteleros

Tendrán que ser las comunidades autónomas las que pongan en marcha o gestionen esas ayudas, si así quieren hacerlo, tal y como apuntan fuentes gubernalmentales. Desde la Administración Central no se dotará de más dinero. Por ahora, una parte de las regiones ya han habilitado líneas con un carácter muy heterogéneo, desde créditos blandos hasta subvenciones directas pasando por exenciones de tasas o determinados impuestos o apoyos para bonificar las cotizaciones a la Seguridad Social. El sector esperaba un plan más homogéneo al que pudieran acceder todos los negocios en peligro.

Por lo que ha optado el Gobierno es por desarrollar un decreto en el que se incluye la posibilidad de que los hosteleros puedan pagar mitad por los alquileres de sus locales siempre que estos inmuebles se encuentren en manos de 'grandes tenedores'. Esto es, con más de diez propiedades. El sector, contrario a aplicar solo esta medida 'estrella', recuerda que apenas un 1% de los locales está en manos de esos grandes propietarios, y suelen ser los ubicados en los centros comerciales.

Con esta medida, el Gobierno evita desembolsar dinero público para apoyar al sector, como sí ocurren en otros países europeos, como Alemania, donde sus hosteleros llevan semanas recibiendo inyecciones de capital para salvar sus negocios. En ese país, paradigmático en las medidas de apoyo a un sector que en España tiene mucho más peso en el conjunto del PIB, el Gobierno de Angela Merkel paga a los negocios afectados el 75% de lo que facturaran el año anterior. Aunque el plan sí incluirá acciones vinculadas a reforzar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), cuya vigencia expira el 31 de enero. Varios ministros ya han anticipado que los ERTE seguirán en vigor mientras hagan falta, sobre todo por el paraguas que suponen para empresas como las de restauración.

El del pago de los arrendamientos ha sido uno de los verdaderos problemas que han tenido que soportar muchos pequeños empresarios desde que comenzó la pandemia y, con ello, las restricciones a la actividad. Incluso tras el primer estado de alarma, los gobiernos autonómicos y municipios impusieron cierres perimetrales y restricciones de horario y aforo que, en muchos casos, hacían inviables estos negocios, cuya primera y más elevada factura es la del alquiler.

Además, para acceder a esa moratoria del alquiler, habrá que cumplir previsiblemente varios requisitos. Más allá de que el casero sera un gran propietario, no debe existir un pacto entre ambos para la reducción temporal de la renta o una moratoria en el pago durante la pandemia. La rebaja del 50%, que deberá ser solicitada por el empresario en las fechas que determine el decreto que aprobará el Consejo de Ministros, estaría vigente hasta el final del actual estado de alarma, en principio el 9 de mayo de 2021. Aunque el Ejecutivo trabaja con la posibilidad de establecer una serie de prórrogas hasta de un cuatrimestre, dependiendo de cómo evolucione la economía durante el próximo año.

Los propietarios de bares y restaurantes también podrían acogerse a la posibilidad de solicitar un aplazamiento de los pagos de sus alquileres, como ha ocurrido con las hipotecas durante la pandemia. Una especie de moratoria, diferente a la quita del 50%, aunque supondría aplazar varios meses esta carga financiera para ir abonándola después. La deuda no baja, pero sí se exime de su pago en estos momentos de grave crisis.

Con estas medidas vinculadas al pago del alquiler, el Ejecutivo ha optado por no inyectar dinero a los negocios. Las reticencias de algunos ministerios, como el de Economía, han sido claves para explicar este resultado final. En una entrevista a este diario el fin de semana pasado, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, recordaba el gasto millonario que ha realizado el Gobierno desde marzo. «Hemos movilizado 112.000 millones en créditos sobre todo a pyme y autónomos, los ERTE y las prestaciones por cese de actividad», explicó. «Eso son ayudas directas. Hostelería, restauración, cafetería y comercio minorista son los que tienen una participación más importante en los avales del ICO, los ERTE y la prestación a los autónomos», indicaba. «Y estamos estudiando si hacen falta acciones adicionales para reforzar toda esa red de seguridad en las semanas duras que nos quedan por delante», apuntó, sin hacer mención a las ayudas, como venía reclamando el sector.

Además, se traslada el problema de los arrendamientos a un posible pacto entre propietario e inquilino comercial. En el plan de rescate ha sido el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, liderado por Reyes Maroto -en cuarentena por un contacto con positivo en coronavirus en estos momentos- el que ha liderado las negociaciones, aunque también han intervenido otros departamentos como Economía o Hacienda, entre otros. A pesar de la situación de Maroto, está previsto que el martes el Consejo de Ministros apruebe el plan.

En el Gobierno confían en que la medida de los alquileres tenga un importante efecto persuasivo entre los propietarios. Porque muchos de ellos se han negado estos meses a aplicar rebajas en las cuotas de los arrendamientos a pesar de la grave situación por la que atravesaban los negocios de sus inquilinos. Ahora, con la quita legal, es posible que una parte de esos inmuebles vean rebajados sus costes sin necesidad de llegar al extremo de la rebaja del 50%. Para ello, el plan también incluye, en principio y a falta de perfilar el decreto, otra medida sin coste para el erario público: incentivos fiscales para aquellos caseros con 10 o menos locales que acepten renegociar sus alquileres.

Según Hostelería de España, esta industria perderá en 2020 la mitad de los casi 130.000 millones de euros que facturó el año pasado. Supone una espada de Damocles que puede llegar a proveocar el cierre de hasta un tercio de los más de 300.000 negocios del sector que había antes de esta crisis.