El Gobierno blinda al taxi frente a las VTC tras la sentencia europea

De esta forma, las regiones podrán limitar las autorizaciones de licencias VTC por motivos medioambientales y de gestión del tráfico en las ciudades, según señaló la vicepresidenta económica Nadia Calviño durante su intervención posterior al Consejo de Ministros. Destacó que la intención del Gobierno es adaptar el régimen jurídico del servicio de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor -conocidos como VTC y cuyas empresas más importantes son Uber, Bolt y Cabify- a la jurisprudencia europea de este mismo año.

Sin embargo, desde las patronales VTC están convencidas de que este texto va absolutamente en contra de la sentencia del TJUE, por lo anuncian que pedirán a Bruselas que abra un procedimiento contra el Gobierno de España. «Se han saltado los procedimientos y han ninguneado a las VTC», aseguró José Manuel Berzal, presidente ejecutivo de Unauto, en declaraciones a este periódico.

El real decreto aprobado fija la declaración del transporte de viajeros en taxi como servicio de interés público con el objetivo de blindar al sector en caso de que haya una alta petición de nuevas licencias VTC. Esto significará que las administraciones tendrán que garantizar la prestación del servicio de taxi con una cobertura de prestación suficiente para todo el territorio, algo que no incluye al transporte en VTC.

Una decisión «desproporcionada», según Berzal, ya que la sentencia del TJUE establece que todas las decisiones que se tomen en torno al taxi deben tomarse también para las VTC. El presidente de Unauto se mostró «decepcionado» después de que en su reunión del pasado viernes con el secretario de Estado de Transportes, David Lucas, se les asegurara que «no había ningún borrador» y se les prometiera seguir negociando antes de presentar un texto definitivo. «El Gobierno nos ha mentido y no ha cumplido con su palabra», sentenció el representante de las VTC.

Así, la negociación ha sido bilateral con las asociaciones de taxistas que habían amenazado con bloquear Madrid y Barcelona esta misma semana. Pese a la reunión mantenida el pasado viernes con las VTC, sus demandas no se han tenido en cuenta y se ha reformado la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre (LOTT) de forma exprés para que se puedan denegar nuevas licencias aplicando criterios de reducción de emisiones de CO2 o de gestión del tráfico urbano. Así, las autorizaciones de VTC pueden ser denegadas según criterios medioambientales de cada comunidad, algo que no ocurrirá con los taxis.

Además, el texto aprobado exige una serie de requisitos a estas empresas como que la disposición del vehículo debe estar en propiedad o arrendamiento a largo plazo para garantizar que las licencias responden a VTC que están en servicio.