El Gobierno enciende el plan estratégico del coche eléctrico con 4.300 millones

Con el acto de presentación de este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso de largo este plan junto a representantes del sector automovilístico y eléctrico en el Palacio de la Moncloa. Será el Consejo de Ministros el que este martes lo apruebe de forma oficial, aunque le esperan varios meses de tramitación. Se trata del PERTE VEC (vehículo eléctrico y conectado), cuyas millonarias inversiones público-privadas se destinarán a actuaciones en toda la cadena de valor de la automoción, desde la investigación, la producción de coches y motores, el ensamblaje o la fabricación de baterías, además de la extracción de las materias necesarias, con el objetivo de convertir a España en un 'hub' (nodo) europeo de electromovilidad.

Así lo manifestó Pedro Sánchez al indicar que se trata de «una inyección gigantesca de recursos públicos porque gigantesca y formidable es la transformación del sector de la automoción». España aspira a convertirse en el primer fabricante europeo de vehículos electrificados en la próxima década. Ahora ostenta la segunda posición en el ranking de producción de todo tipo de coches, y el octavo en el mundo.

El Ejecutivo ha querido que el PERTE del coche eléctrico sea el primero en ver la luz para evitar un mayor desgaste de la industria (hay 17 grandes fábricas repartidas entre 10 regiones). Pero también lo ha hecho para dar «una señal», para «anticiparse a otros países», apuntan fuentes del sector, y para que las casas de automóviles, cuyos centros de decisión se encuentran en Alemania, Francia, EE UU o Reino Unido, tengan en cuenta a España al adjudicar los nuevos modelos.

El objetivo es que el automóvil pase a representar hasta un 15% del PIB en 2030, frente al 12% actual. Y que por cada puesto de trabajo que se cree o consolide en las fábricas que ahora están abiertas, se generen cuatro empleos entre empresas proveedoras y otros 7 u 8 en servicios. El Gobierno prevé que el plan estratégico genere una contribución al PIB de entre el 1% y el 1,7%; un impacto sobre el empleo que podría alcanzar los 142.000 puestos de trabajo; y que para 2023 España pueda contar con 250.00 vehículos eléctricos matriculados, y entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga.

Sin embargo ni el presidente del Gobierno ni la ministra de Industria, Reyes Maroto, que también ha participado en la presentación, han dado pistas sobre dónde estarán los proyectos a financiar. Sí ha dejado claro Sánchez el carácter «territorial» del PERTE del coche eléctrico. Habrá un desarrollo de «toda la cadena de valor» para fabricarlos, desde la extracción de litio hasta las plantas de baterías, pasando por empresas de celdas, vinculadas al hidrógeno verde, reciclaje, así como electrolineras y otros puntos de recarga. Pero no se sabe, por ahora, mucho más.

A la vuelta del verano se abrirá el plazo de recepción de proyectos que deben cumplir con varios requisitos: que abarquen, al menos, a dos comunidades autónomas; que incluyan la fabricación de coches, de baterías o pilas de hidrógeno y otros componentes de valor, y que cuente con un 40% de pymes dentro de la estructura del proyecto.

De todos los planteamientos manifestados hasta ahora por varias compañías, prácticamente la única certeza es que Extremadura acogerá la extracción del litio y parte de sus actividades vinculadas para el tratamiento. Es la materia prima necesaria para desarrollar las baterías y, por tanto, el coche eléctrico. Por eso, este lunes fue significativa la presencia del presidente de esa comunidad, Guillermo Fernández-Vara.

Por las manos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo pasarán las grandes decisiones del PERTE del vehículo eléctrico: quiénes, cuándo, cómo y cuánto. Estas son las grandes cuestiones que el departamento digirido por su titular, Reyes Maroto, tendrá que decidir en los próximos meses. Y para hacerlo con «transparencia» el Ejecutivo creará de un órgano supervisor, la Alianza para el vehículo eléctrico y conectado, que tendrá al frente «a una persona de reconocido prestigio» y tendrá como función esencial «el impulso y la promoción del vehículo eléctrico».

Poco más se sabe de quién ostentará ese cargo, aunque fuentes gubernamentales aclaran que será un perfil de prestigio y con conocimiento en el sector del automóvil.

El PERTE también incluye una partida de 1.100 millones de euros para incentivar la adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga (abarca los 800 millones ya anunciados para el Plan Moves III y otros 300 para el futuro Moves Singulares), 14 millones para el despliegue de redes 5G y 21 millones para el impulso de la formación profesional en el sector. Además, el Ejecutivo aprobará mañana un plan tecnológico de automoción sostenible del CDTI, dotado con 40 millones más.

En el acto de este lunes, el presidente de la patronal de fabricantes (Anfac), José Vicente de los Mozos, destacó la importancia de que el PERTE «se haga realidad» con la mayor celeridad posible. La presidenta de Sernauto, María Helena Antolín, puso el foco necesidad de que administraciones y el sector público trabajen juntos y para aprovechar los fondos. Y el presidente de la Aedive, Adriano Mones, señaló la necesidad de desplegar puntos de recarga.