El Gobierno aprueba la reforma concursal para «dar oxígeno a empresas viables»

Así lo ha expresado la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la rueda de prensa posterior al Consejo, recordando que esta norma, que ahora pasa a tramitación parlamentaria, busca además «ofrecer un balón de oxígeno» para que sean capaces de engancharse al proceso de recuperación económica.

Desde el Ejecutivo indican que no se trata de mantener en funcionamiento cualquier empresa, «a cualquier coste», lo que derivaría en una 'zombificación' de la economía. Y en este punto, la ministra ha explicado las claves de esta norma, que es en realidad la transposición de una directiva europea para crear una herramienta de reestructuración eficiente frente al sistema concursal actual.

Entre las principales novedades, el Gobierno destaca la creación de índices de alerta temprana dentro de un marco más flexible desde el punto de vista procedimental.

Además, desaparecen los acuerdos extrajudiciales de pago con los acreedores, al considerarse que un alto porcentaje de las empresas que apostaban por esta vía terminaban de todos modos abocadas a procesos de liquidación. A cambio, se crean los planes de reestructuración, en los que las herramientas ya no se centrarán solo en las quitas, sino que se permite actuar sobre el activo de la empresa a cambio de reducir la deuda.

La norma también establece mecanismos para facilitar la exoneración a los deudores considerados de buena fe, incluyendo a los consumidores. Y zanja, al menos de momento, la polémica generada en torno a los privilegios de Hacienda y Seguridad Social en el cobro de deudas.

La ministra explicó que esa prevalencia se mantiene en la norma, aunque el Gobierno ha decidido acotar la quita que el Estado puede conceder a empresas en quiebra a 2.000 euros (1.000 euros en las deudas de la Seguridad Social y otros 1.000 en el caso de Hacienda).

Consciente de que una de las principales peticiones de los expertos era que el crédito público estuviese afectado por la nueva normativa, Pilar Llop reconoce que «el texto aún debe pasar el trámite parlamentario». Es decir, deja la puerta abierta a posibles cambios en este punto que, en todo caso, serían mínimos. La tramitación coincidirá, además, con la puesta en marcha de la nueva moratoria concursal hasta el 30 de junio, frente al actual vencimiento de fin de año.

Además de la reforma concursal, el Consejo de Ministros de este martes ha dado luz verde a un total de 926 nuevas plazas para reforzar la plantilla del Servicio de Público de Empleo Estatal (SEPE), un 10% más de efectivos que engordarán la cifra actual de 8.214 trabajadores.

De ese número total de puestos, 192 corresponden al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado y otras 734 al Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado.

Desde el Ejecutivo cifran en 21 millones de euros le coste de la oferta. «El SEPE es un organismo que ejerce funciones esenciales y prioritarias para la sociedad. Ello ha sido aún más evidente durante la pandemia de la COVID-19», añaden.

El Consejo de Ministros también ha aprobado este martes un préstamo de 35 millones de euros para 'rescatar' a la empresa maderera Losan, que correrán a cargo del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La empresa gallega con sede en A Coruña, muy afectada por la crisis, cuenta con unos 1.600 empleados en tres comunidades autónomas y con una facturación que supera los 200 millones de euros.