Secciones
Servicios
Destacamos
El Ministerio de Economía continúa peninando escrupulosamente todos y cada uno de los artículos del decreto que aprobará mañana un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar las ayudas a las empresas impactadas tras un año de crisis. Ylo hace sobre todo enfocándose en «el buen ... uso de los recursos públicos» que saldrán de esa norma por la que se pondrán sobre la mesa 11.000 millones de euros, una cuantía que se financiará vía déficit y deuda.
Uno de los temores del Gobierno es que haya pequeñas grietas por las que pueda escaparse el dinero y no llegue a quienes realmente lo necesitan, e incluso pueda ser utilizado para otros fines ajenos para los que está programado el plan de apoyo. Por eso, Economía, al igual que Hacienda y otros departamentos, buscan «instaurar un sistema eficaz» para que las ayudas lleguen, para definir las condiciones y requisitos para obtenerlas, habilitar cuál será el mecanimos para acceder al dinero o qué datos tendrá en cuenta la Administración para filtrar a los beneficiarios, apuntan fuentes gubernamentales. En este último caso, será imprescindible la participación o colaboración de varios organismos clave, como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, insistió ayer en el Congreso que el plan será «ambicioso», aunque no confirmó que, como parece, las ayudas directas se destinarán a cubrir una buena parte de los costes fijos de los negocios (alquileres y suministros);o si se limitarán al sector turístico y hostelero.
El Ejecutivo aún trabaja en la definición de todos esos términos hasta que este viernes Calviño lleve bajo sus brazos el decreto a La Moncloa. La distribución de los tres fondos (ayudas directas, reestructuración de deuda y rescate para pymes) está fijada desde hace varios días, a pesar de la presión que el vicepresidente social, Pablo Iglesias, ha querido ejercer sobre la vicepresidenta económica para que la parte de las subvenciones a empresas alcance los 8.000 millones de todo el presupuesto.
Por otra parte, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, afirmó ayer que las comunidades autónomas podrían gestionar «tranquilamente» el fondo de ayudas y comentó que, si esto se acordara, «no debería molestar a nadie». Iceta indicó que los gobiernos regionales «pueden hacerlo tranquilamente», porque, a su juicio, «también son Estado».
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.