El Gobierno abre la puerta a que suba la tasa a las eléctricas por el cierre nuclear

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha apuntado a la posibilidad de que esa carga económica que ayuda a financiar el desmantelamiento nuclear pueda ser superior a la actual, al indicar que el cierre requiere «recursos suficientes». La responsable del departamento energético del Gobierno ha afirmado que será Enresa la empresa pública encargada de elaborar el plan específico sobre esta cuestión, en cuyo documento se recogerán las medidas oportunas para llevar a cabo el apagón nuclear en España. Entre todas esas acciones se encuentra un alza en la tasa, algo que para la ministra «tiene que ser objeto de prnunciamiento» en la organización.

Actualmente, Enresa cobra una tasa de 6,7 euros por megavatio/hora (Mwh) de producción de las centrales, calculada para una vida útil de 40 años. El último informe anual de la firma, correspondiente a 2017, revela que la compañía ingresó por la vía de las tasas y por la prestación de servicios unos 390,5 millones de euros, un 1,2% menos que en el ejercicio anterior.

Al abrir la puerta a un incremento de esa tasa, la ministra Ribera choca con la postura de la mayor parte de las compañías propietarias de las nucleares, cuya petición se ha centrado en los últimos años en solicitar una reducción de las cargas que soporta este negocio.

La semana pasada los presidentes de Iberdrola y Naturgy, Ignacio Galán y Francisco Reynés, respectivamente, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas, se reunieron con Teresa Ribera para tratar de consensuar un calendario de cierre de nucleares, debido a las posturas divergentes de esas tres compañías con respecto al futuro de sus negocios, donde comparten accionariado. El encuentro se saldó con el compromiso de aplicar un calendario progresivo de clausuras, analizando la situación central por central. La primera instalación que cumple sus plazos es Almaraz (Cáceres), cuya vida útil de su segundo reactor expira en el año 2024.