La gestión de los fondos europeos cae un 40% en el primer semestre

En general, en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) -que se aprobó en abril de 2021 y cuyo plazo de ejecución termina a finales de 2026-, en lo que llevamos de año se ha frenado el ritmo de compromiso de fondos, sobre todo en relación a 2022, cuando se produjo una importante aceleración en el lanzamiento de convocatorias de subvenciones y licitaciones. El criterio aplicado por LLYC es que computa como comprometidos los fondos cuando se publica la correspondiente convocatoria o anuncio de licitación, aunque el inicio del plazo para registrar solicitudes sea posterior. De acuerdo con ello, en 2021 se comprometieron 20.620 millones de euros (casi todos en el segundo semestre, dado que el PRTR se aprobó en abril) y durante los dos semestres de 2022 se superaron los 14.000 millones de euros comprometidos de media (12.856 millones en el primero y 15.540 millones en el segundo), mientras que en el primer semestre de este año el volumen de fondos comprometidos bajó a los citados 7.770 millones. Eso supone una reducción en los fondos comprometidos en el primer semestre de este año del 40% respecto a igual periodo del año pasado y del 50% si se compara con el segundo semestre de 2022.

Los motivos más claros de esta ralentización parecen ser la prolongada negociación final de la Adenda (que ha modificado aspectos del PRTR original) y la demora en la publicación de la reforma del Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC), que la Comisión Europea aprobó en febrero pero que aún no ha aparecido en el diario oficial de la UE. Adicionalmente, también han influido la resolución de prenotificaciones de programas presentados a la Comisión con el objetivo de ampliar su dotación (como es el caso de la convocatoria de valles del hidrógeno) o los cambios organizativos en ministerios claves para la ejecución del PRTR.

En cuanto a la gestión de esos fondos (es decir, la resolución de las convocatorias, con la adjudicación de subvenciones y licitaciones), sólo se dispone de datos actualizados de lo referido a la Administración General del Estado (AGE), mientras sigue sin existir un registro actualizado de toda la información referida a las Comunidades Autónomas. En relación a la AGE, a 30 de junio de 2023, esta ha resuelto convocatorias y licitaciones por valor de 22.076 millones de euros (un 63,69% de los 34.660 millones comprometidos por la AGE y un 31,4% del total de 70.316 millones del PRTR). La tasa de adjudicación de fondos por parte del Estado es de un 73,91% (en línea con la que había al final de 2022), es decir, se adjudican tres de cada cuatro euros a los beneficiarios finales, mientras que uno de cada cuatro euros queda sin adjudicar, convirtiéndose en remanente. La Administración General del Estado habría adjudicado ya 16.316 millones (un 23,2% del total del PRTR y un 28,78% del comprometido por el Estado). El plazo medio de adjudicación de las convocatorias estatales en concurrencia competitiva sigue siendo mayor al establecido en las bases reguladoras (el plazo medio real es de 197 días, frente a los 6 meses establecidos).

Con ese nivel de adjudicación, aumentan los remanentes de las dotaciones de convocatorias y licitaciones estatales, a medida que avanza la ejecución del Plan: a 30 de junio, los importes no adjudicados y que deberían encontrar destino ascenderían ya a 5.760 millones de euros (lo que supone un 10,16% del total comprometido por la AGE hasta ahora y un 8,19% del total del PRTR original). Según estos cálculos, si la AGE acaba gestionando, a través de convocatorias y licitaciones, el mismo porcentaje del PRTR original que hasta finales de junio de este año (55,92%), puede haber un total de más de 10.300 millones de remanentes cuando se adjudique el total del plan original, a lo que habría que añadir los posibles remanentes de la parte que gestionan las CCAA.

El 6 de junio de 2023, el Gobierno español aprobó la propuesta de Adenda con la que España incorporará 94.653 millones de euros adicionales (10.344 millones en forma de subvención y 84.309 millones en forma de préstamo) a los 70.316 millones del plan original (todos en forma de préstamo). Los nuevos fondos se destinarán casi íntegramente a dos bloques vehiculares de inversión: los PERTE (28.275 millones) y los fondos de inversión (66.328 millones). Entre estos últimos, destaca el 'Fondo de Resiliencia Autonómica CCAA', con 20.000 millones de euros, que servirá para impulsar proyectos de inversión que promuevan inversiones sostenibles según prioridades que podrá establecer cada comunidad autónoma. De los PERTE (con 10.294 millones en subvenciones adicionales y 17.981 millones en nuevos préstamos), destacan los 12.250 millones que se destinarán al PERTE Chip, así como los casi 5.500 millones adicionales (4.199 millones en subvenciones y 1.295 millones en préstamos) que reforzarán el PERTE ERHA (Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento), incluidos 1.600 millones para el programa de impulso al hidrógeno verde.

A finales de 2023 vencen las fechas previstas para la adjudicación de la mayor parte de fondos iniciales concedidos a España, en un escenario postelectoral y sin apenas margen para demorar la ejecución de programas clave. De los 70.316 millones de euros de la dotación inicial del plan, a 30 de junio de 2023 faltan por comprometer 13.725 millones, que suponen un 19,38% del total. Por tanto, para conseguir que todos los fondos del primer plan estén comprometidos a final de este año habría que alcanzar una velocidad de crucero de unos 13.000 millones al semestre, por lo que es factible comprometer lo que falta en el segundo semestre de 2023, pero el ritmo de lanzamiento de las convocatorias debería acelerarse hasta casi duplicar lo comprometido en los primeros seis meses.