El futuro Gobierno se quedará sin margen para cambiar los compromisos de los fondos europeos

El calendario que define el reglamento europeo apunta que una vez que el Ejecutivo le remita a la Comisión Europea, este organismo dispone de dos meses para evaluar la adenda y, en su caso, ratificarla. Estaríamos hablando, como pronto, de finales de agosto, teniendo en cuenta que la pretensión de España es remitir ese documento a lo largo de este mes de junio. Transcurridos esos dos meses, pasaría a la evaluación del Consejo de la UE, que dispone de otro mes más antes de que sea aprobado el plan de forma definitiva. Es decir, el futuro Gobierno podría intentar modificar el plan como muy tarde a mediados de octubre.

Teniendo en cuenta que las elecciones generales son el 23 de julio y que la constitución de las Cortes sería el 17 de agosto no habría nuevo Gobierno al menos hasta principios o mediados de septiembre. A partir de ahí, cualquier modificación dispondría de poco más de 30 días para renegociar con Bruselas. Podrán ser cambios técnicos y ajustes puntuales, pero no grandes cuestiones, apuntan diversas fuentes conocedoras de este tipo de negociaciones. Lo que se ha acordado en meses sería imposible cambiarlo en semanas, indican esas mismas fuentes.

En este contexto, los gobiernos autonómicos del PP y los candidatos regionales del partido en los comicios del 28 de mayo han remitido este miércoles una carta a la vicepresidenta Nadia Calviño quejándose de la aprobación de la adenda y alertando de que el escenario electoral no es el más propicio para asumir las obligaciones que llevan aparejadas la recepción de más de 94.000 millones de euros de fondos europeos.

En este escenario, los 'barones' del PP advierten que los cambios en los gobiernos autonómicos y las elecciones generales, «que pueden dar lugar a un cambio de Gobierno de España», no es el contexto que, bajo su punto de vista, «reúna las condiciones mínimas para proponer una programación de calado».

Entre otras cuestiones, Economía ha incluido la reforma del precio de venta al pequeño consumidor (PVPC), es decir, de la tarifa regulada eléctrica, y la modificación de la Ley del Mercado de Valores y de los Servicios de inversión. El Gobierno pretende que las reformas incluidas en la adenda refuercen las medidas incluidas en el plan y permitan asegurar un modelo de crecimiento sostenido y sostenible, gracias a la movilización de 7.700 millones de euros adicionales en transferencias y 84.000 millones de euros en préstamos, a los que se unirán los casi 2.600 millones de euros del nuevo mecanismo REpowerEU.

Así, por ejemplo, la adenda contempla la revisión del Marco normativo del sistema financiero a través de la Ley del Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión. El objetivo es impulsar la modernización y mejora de los mercados de valores en aspectos como criptoactivos, los requisitos prudenciales de las empresas de servicios de inversión, el acceso a los mercados de renta fija o la eliminación de las barreras de acceso a la infraestructura y protección del inversor.

Además, con la adenda se pretende profundizar en la mejora del funcionamiento del mercado de trabajo y del capital humano, con medidas como la dotación de recursos al Mecanismo RED, el desarrollo de un sistema de microacreditaciones universitarias o la modificación de la normativa que facilite la inclusión laboral de los trabajadores extranjeros y la retención y captación de talento.

Además, la adenda introduce reformas con el fin de acelerar la transición ecológica en lo relativo a la producción, suministro y consumo de energía, con medidas de impulso de las energías renovables, la movilidad sostenible y la eficiencia energética.

Para acelerar el despliegue de las renovables, se prevén medidas dirigidas a facilitar la tramitación administrativa de las instalaciones de generación eléctrica, al tiempo que se refuerza la tramitación de proyectos renovables y su infraestructura de evacuación.