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e. martínez
Madrid
Lunes, 13 de agosto 2018, 13:03
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha sido contundente en el auto el 'caso Gowex'. Considera que el fundador de la empresa de redes wifi, Jenaro García, puede ser juzgado por delitos de estafa, societarios por falseamiento de cuentas, delito de falseamiento de ... información económica y financiera, y de uso de información relevante que afecta a una generalidad de inversores. Pedraz concluye así la investigación por la supuesta estafa de la empresa tecnológica Gowex, un escándalo que salió a la luz hace ahora cuatro años.
El juez propone juzgar también a otros cuatro miembros del consejo de administración que supuestamente falsearon las cuentas de la empresa para obtener financiación. Estas personas son Florencia Maté, consejera de Let's Gowex y Gowex Wireless, firmante de las cuentas anuales del grupo en los ejercicios 2009-2012 y mujer de García; Francisco Manuel Martínez, secretario del Consejo de Administración; y Guadalupe Almeida y Javier Martín, a quienes el fundador otorgó el cargo de apoderados/administradores de algunas de las sociedades vinculadas «para mantener el estatus fraudulento del negocio», señala el auto.
Así, los hechos que se han investigado revelan que cinco años después de que naciera Gowex en 1999, el proyecto «empezó a no ser rentable» y a necesitar financiación extra si querían mantener el crecimiento del negocio. En 2010 salió a cotizar en Bolsa, pero las cuentas «no respondían a la realidad» desde entonces. Esto no impidió la captación de nuevos inversores atraídos por supuestas facturaciones que, según los resultados publicados entonces, alcanzarían los 182,6 millones de euros, unos recursos propios de 94,4 millones y un nivel de caja de 54,8 millones en 2013.
Durante la investigación judicial del caso, iniciada en 2014, el fundador y expresidente de la compañía, que proveía servicios a Madrid y otras 64 ciudades como Nueva York, París, Dublín y Dubai, reconoció haber falseado las cuentas de Gowex durante diez años y simulado facturaciones con empresas creadas para ello, gestionadas con testaferros desde 2004.
La Fiscalía Anticorrupción, Abogacía del Estado y las acusaciones particulares y populares tiene un plazo de diez días para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
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