Los funcionarios perderán su puesto si suspenden la evaluación de su trabajo

No obstante, sí detalla que será obligatoria y que no solo afectará a la evolución de la carrera o posibles ascensos, sino también a la percepción de los complementos salariales. En concreto, el texto establece dos nuevos complementos salariales para las empleadas y empleados públicos. De nuevo, los mismos están basados en la evaluación de desempeño, además de la profesional.

El primero de ellos es el complemento de carrera. Este retribuirá la progresión que se vaya alcanzando en la carrera profesional. Su cuantía será la misma para todo el personal funcionario del mismo grupo o subgrupo de clasificación profesional que lo tenga reconocido. El otro será el complemento de desempeño. El acceso al mismo estará vinculado a la superación de las evaluaciones de desempeño planteadas durante la carrera profesional. El rendimiento y los logros de trabajadoras y trabajadores del ámbito público.

De esta manera, las retribuciones complementarias serían el complemento de destino, el complemento específico, el complemento de desempeño y el complemento de carrera.

A estos hay que sumar el renombrado complemento por servicios extraordinarios, que es el que retribuye los servicios prestados fuera de la jornada ordinaria o la actividad extraordinaria desarrollada en el puesto de trabajo.

Los sindicatos ya han criticado el texto con dureza. Tanto UGT como CCOO calificaron la posibilidad de remover a un funcionario de su puesto como un hecho «gravísimo», al plantearse la evaluación «como algo irrefutable que deja a la persona sin defensa en vía administrativa» contra un resultado negativo.

El Gobierno defiende que la incorpración de esta evaluación a la norma persigue una mejora de la productividad y la adecuación de la carrera profesional al cumplimiento de las funciones de los empleados públicos. Pero el Ministerio de Hacienda es consciente de que habrá que ceder posiciones para que el texto salga adelante con consenso.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) anunció ayer que presentará alegaciones para exigir la participación de los sindicatos a la hora de establecer los criterios por los que se valorará el trabajo de los funcionarios, tanto para promoción como para retribuciones.