Los funcionarios tendrán que esperar a septiembre para la subida salarial

Pese a que los nuevos Presupuestos para 2018 se publicaron en el BOE la semana pasada, la subida de la remuneración de los funcionarios no se aplicará en la próxima nómina -como parece que sí sucederá con los pensionistas, según estiman fuentes del Gobierno-, sino ya en la del noveno mes del año, cuando además se les abonarán los atrasos generados desde el 1 de enero, ya que esta medida tiene carácter retroactivo. De esta manera, además de que con carácter general el sueldo de los funcionarios se incrementará un 1,75%, en ese mes tendrán un pago con los atrasos de los ocho meses precedentes así como de la extra. Así, por ejemplo, un funcionario que cobre 1.500 euros al mes pasará a ingresar en septiembre hasta 1.526,25 euros y recibirá un pago adicional de 236 euros.

Además, el Gobierno informó al sindicato que tiene previsto aprobar la oferta pública de empleo en la Administración General del Estado, correspondiente a 2018, en el Consejo de Ministros del 27 julio, donde se incluirán también las plazas para estabilizar el personal interino. CSIF reclamó al Ejecutivo que en esta oferta se resuelvan las necesidades de personal de los distintos departamentos y se incorporen al menos 6.000 plazas dirigidas a la promoción interna.

Aunque aún no se ha cuantificado de forma oficial cómo quedará la oferta de empleo público, la anterior secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, anunció en el Senado que la previsión ascendía a 27.000 nuevas plazas, a las que habría que sumar 117.000 vacantes destinadas a estabilizar los puestos de interinos que ya se han publicado y otras 19.000 anunciadas.

Y es que en el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público se pactó que habrá una tasa de reposición del 100% en los sectores considerados prioritarios (y que suman 20) y del 75% en aquellos no prioritarios; en el caso de la policía local ascendía al 115%. Además, el pacto también recoge reducir en un 90% el nivel de temporalidad en todos los colectivos y sectores de la Administración Pública, de forma que en 2020 pase a ser del 8%, para lo que se prevé estabilizar 350.000 puestos.

A su vez, el Ejecutivo se comprometió a eliminar la jornada laboral mínima de 37 horas y media introducida con la crisis, de forma que pueda volver a aplicarse en las administraciones que así lo deseen las 35 horas, una reivindicación que para los sindicatos es casi tan importante como la subida salarial.