Así funcionará el maná europeo

Un paquete global de 1,8 billones de euros que combina los 1,074 del Presupuesto de la UE (2021-2027) y el Plan de Recuperación de 750.000 millones (conocido como 'Next Generation EU'). El 30% del gasto total del MFP y del Plan se dirigiría a proyectos relacionados con el clima.

 

Con préstamos que la Comisión Europea, en nombre de la UE, buscará en los mercados de capitales. Los países están obligados a emplear esos fondos exclusivamente para abordar las consecuencias de la crisis del coronavirus. El reembolso del capital prestado debería completarse antes del 31 de diciembre de 2058.

El paquete de 750.0000 millones se fracciona en siete programas con ayudas directas (390.000 millones) y subvenciones (360.000 millones). Son el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (672.500 millones), ReactEU (47.500; unos 12.000 para España), Horizonte Europa (5.000), InvestEU (5.600), Desarrollo rural (7.500), Fondo de Transición Justa (10.000) y RescEU (1.900). Los compromisos para poder optar a ellos se contraerán antes del 31 de diciembre de 2023 y los pagos se realizarán, como tope, antes del 31 de diciembre de 2026. A España le corresponderían en torno a 140.000 millones; 72.700 serán ayudas directas.

 

El programa citado de mayor peso, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia contempla 360.000 millones de euros en préstamos y 312.500 millones en subvenciones. El 70% se distribuirá en 2021 y 2022 atendiendo a los niveles de desempleo del periodo 2015-2019, la pérdida de PIB per capita y la cuota de población de los Estados. El 30% restante (para 2023) tendrá en cuenta directamente los datos del latigazo pandémico. Esto es, el desplome del PIB en 2020 y 2021.

De ese Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, hace apenas un mes, la Comisión Europea dio cifras concretas para España. Serían 43.480 millones de euros en subvenciones entre el próximo año y 2022, y 15.686 millones más en 2023. El segundo país más beneficiado por detrás de Italia, con 65.546 (44.724 en el primer periodo y 20.732 en el ejercicio de 2023). El acuerdo alcanzado esta semana por la UE prevé que el primer pago, el de 2021, sea aproximadamente del 10 % del total de la dotación que corresponde a cada país, con la obligación de que el 37% del dinero vaya a proyectos de transición climática y el 20% a la transformación digital.

Los Estados tienen que preparar planes de recuperación y resiliencia que establezcan en su agenda de reformas e inversiones para los años 2021-23. Esos planes están sometidos a revisión «según sea necesario» a lo largo de 2022 para tener en cuenta lo que se asignará en 2023. No se trata, por tanto, de propuestas cerradas. La agenda recoge proyectos específicos y estos han de tramitarse semestralmente. Se cobrará lo solicitado si se están haciendo los deberes; si se cumplen objetivos y si lo ya recibido en solicitudes previas se está gastando bien y da resultados. Vamos, que cualquier desliz puede parar el proceso.

La Comisión Europea orienta la redacción de cada plan gubernamental y, una vez recibido, lo evalúa para comprobar que cumple con los criterios establecidos. Para dar el OK tiene ocho semanas. Ha de poner nota a la coherencia con las recomendaciones semestrales de cada país, si van a cumplir con el objetivo de fortalecer el crecimiento, la creación de empleo y la capacidad de recuperación económica y social; y, por supuesto, su «contribución efectiva» a las transiciones verde y digital. Y ahí no acaba todo. Tras el filtro de la Comisión, los planes entrarán en el llamado Comité Económico y Financiero (integrado por los Veintisiete) que dispondrá de un mes para darles el visto bueno final por mayoría cualificada.

Cada solicitud de pago estará sujeta al cumplimiento de los hitos y objetivos establecidos. Los estados cursarían las primeras peticiones de ayuda este mes de octubre, acompañándolas, si es posible, de un borrador presupuestario del próximo ejercicio. A partir de 2021 se habilitarían abril -con las cuentas del año en curso- y octubre -con proyección de ingresos y gastos a futuro-. Eso de acuerdo con el cronograma esbozado en mayo.

Los planes de recuperación tienen que tener en cuenta «los aspectos fiscales» de las recomendaciones de Bruselas cuando sea «apropiado». Pero no expresamente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento porque sus normas de disciplina (déficit público del 3% del PIB y deuda pública del 60% del PIB) se suspendieron con el estallido pandémico en Europa. Seguirá siendo así en 2021 y previsiblemente en 2022. Por tanto, manga ancha por situación de extrema necesidad a los presupuestos expansivos, aunque «cuando la situación lo permita» se debería «avanzar a posiciones fiscales prudentes», aconseja Bruselas.

La Comisión Europea ha pedido a los Estados que tramiten los proyectos preliminares a partir del día 15 con una primera fecha final de referencia en el 30 de abril de 2021. Pero hasta la primavera no parece que puedan llegar las primeras transferencias, pese a que inicialmente se planteaba el 1 de enero. Aún debe articularse la emisión de deuda en los mercados para conseguir la financiación, previa autorización de la Eurocámara y de los parlamentos nacionales. Los problemas: el Parlamento Europeo pide más dinero para partidas que los líderes sacrificaron en julio. Un total de 15, entre las que figuran I+D, migración o Erasmus.

La negociación se retomará el miércoles tras encallar la pasada semana. También se pide un calendario concreto para las tasas a las grandes tecnológicas, al comercio de emisiones, peajes al carbono en frontera o plásticos. Y pesa (y mucho) la condicionalidad del desembolso de los fondos al respeto al Estado de derecho (con Hungría y Polonia en la diana). Aquí la Eurocámara es muy exigente, pero también en el seno de los Veintisiete existe una brecha entre quienes defienden que el principio tenga gran peso y quienes lo consideran una injerencia.