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Mayor número de ultrarricos, pero menor porcentaje de aquellos que abonan el impuesto de Patrimonio en España, un polémico tributo que numerosos organismos abogan desde hace tiempo por eliminar ante su escaso potencial recaudatorio y las notables diferencias que se generan para los contribuyentes al ... ser una figura gestionada de forma directa por las autonomías.
Los datos publicados por la Agencia Tributaria este lunes revelan que el gravamen afectaba a 231.367 personas en España en 2021, un 5,6% más que el año anterior, con un patrimonio total de 849.214 millones de euros, un 10,5 % más. De la cifra conjunta de declarantes, existen 831 contribuyentes que aquel año declararon una fortuna de más de 30 millones de euros. Pero tan solo 307 -un 37% de esos ultrarricos- lo abonaron. Es decir, el 64% restante, se libró de pagarlo.
Es previsible que esta situación -que se repite a lo largo de toda la serie histórica- se deba a que la mayor parte de las grandes fortunas del país tienen su residencia en Madrid, que aquel ejercicio ya bonificaba al 100% ese impuesto que grava el valor de los bienes de las personas físicas. Es decir, los contribuyentes deben declarar su patrimonio neto, pero en realidad no pagan nada.
Algunas regiones como Andalucía se han sumado en los últimos tiempos a esta medida aplicada por la comunidad. Y otras como Galicia también se han vuelto más generosas en términos de bonificaciones. Así que es previsible que la serie estadística siga reflejando que aunque el número de ultraricos suba en España, el número de los que no deben pagar nada también lo hará, con lo que ello supone para las expectativas de recaudación del Ministerio de Hacienda.
Precisamente, el Gobierno ideó el pasado año -con la idea de financiar las medidas anticrisis y, de paso, contrarrestar las bonificaciones aplicadas en regiones gobernadas en su mayoría por el PP-, un gravamen temporal a las grandes fortunas de más de tres millones de euros.
Su plan inicial era recaudar unos 1.500 millones del euros anuales por esta vía, pero ese objetivo se ha quedado en papel mojado tras un error en la redacción del modelo de liquidación y la aplicación del denominado escudo fiscal, por el que el pago de impuestos (calculado sumando la cuota de IRPF, Patrimonio y el novedoso y temporal de Solidaridad) no puede superar en ningún caso el 60% de la base imponible del IRPF. Si se supera, la cuota del nuevo tributo se reduce hasta un 80%.
Finalmente, las grandes fortunas han podido computar en el cálculo lo que les habría tocado pagar por Patrimonio sin bonificación, y no solo la cantidad que tendrían que abonar realmente tras aplicar ese beneficio. Así que ha resultado mucho más fácil alcanzar ese 60% que permite acceder a la deducción. Con ese telón de fondo, la nueva previsión recaudatoria baja a unos 700 millones de euros, menos de la mitad del objetivo inicial.
En todo caso, la enorme brecha entre el número de contribuyentes afectados por el impuesto y los que finalmente terminan abonándolo se limita sobre todo a las mencionadas fortunas de más de 30 millones de euros. En el resto de tramos, la diferencia es sensiblemente inferior. En concreto, y según los datos de la Agencia Tributaria, de los 153.733 personas que declaran tener entre 300.000 euros y 1,5 millones de euros, prácticamente la totalidad pagó el impuesto (146.036 personas).
Y lo mismo ocurre con tramos algo superiores. Por ejemplo, de los que aseguran atesorar entre 1,5 y 6 millones de euros (63.385 personas), abonaron el tributo el 80,75%. Y de los 8.368 que dicen tener entre 6 y 30 millones de euros, lo pagaron el 50%, demostrando de nuevo que los más acaudalados son los que más se benefician de no tener que abonarlo, al vivir en esas regiones con ventaja fiscal.
De hecho, los datos de la Agencia Tributaria indican que en 2021 había 20.030 personas que tuvieron que declarar por su patrimonio en la Comunidad de Madrid, casi 500 más que el año anterior, pero que, al estar exentos de tener que pagar, provocaron que la región dejase de recaudar unos 1.200 millones de euros.
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