Transporte, consumo y riqueza: el alza de impuestos que Hacienda guarda en el cajón

El Ministerio de Hacienda ha recibido esta semana las 118 recomendaciones del comité de expertos para hacer más eficiente el sistema impositivo y elevar su potencial recaudatorio. Un documento que, si no muerto, nace completamente dormido. Al menos hasta que se supere el complejo escenario actual.

Será entonces cuando el Gobierno reactive su maquinaria para, si lo permite el ciclo electoral, poner en marcha una subida de impuestos que gravará más a los ricos, pero también impactará en clases medias y trabajadoras.

Esta circunstancia será evidente en figuras como el IVA. Para empezar, los expertos recuerdan que el peso de los ingresos sobre el consumo en España es el más bajo de la Unión Europea, junto a Italia y Rumanía. Así que hay que actuar por este lado. Y su propuesta pasa por eliminar los tipos reducidos (10%) y superreducidos (4%) para dejar solo un tipo general que, no obstante, podría ser inferior al 21% actual. Es cierto que el análisis indica que el 55% de estos beneficios se concentran en el 40% de hogares con mayor renta. Pero una modificación afectaría a todos los consumidores, al impactar en bienes de primera necesidad.

Según los cálculos establecidos, con un nuevo tipo único del 15,4% se podrían mantener los ingresos actuales. Y sacar 17.123 millones extra si se opta por mantener el 21%. La medida tendría que llegar con compensaciones a las rentas bajas y, sobre todo, de forma gradual.

Se propone empezar, por ejemplo, con la salida del suministro de bebidas alcohólicas en restaurantes de los tipos reducidos. Ocon una revisión de las exenciones en el IVA sobre las operaciones financieras, que podría generar ingresos por 2.800 millones, según el comité.

Los conductores también se verán especialmente golpeados ante la prioridad que el transporte ha adquirido dentro de la fiscalidad medioambiental con la que se espera recaudar hasta 15.000 millones. Todo apunta a que el Gobierno se 'escudará' en el Libro Blanco para acometer una de las subidas más impopulares: la eliminación de la bonificación al diésel para igualarlo con la gasolina. El comité también propone un incremento general en la fiscalidad de los hidrocarburos.

Una medida que, de aplicarse, afectará de forma especial a transportistas y ganaderos, que además tendrán que lidiar con otras alzas tributarias previstas, como un nuevo impuesto a la circulación, el pago por uso en carreteras o una propuesta para gravar la matriculación con una recaudación extra prevista de entre 862 y 2.335 millones al año.

Si se sigue la hoja de ruta marcada por el Libro Blanco, también se gravará el gasóleo agrícola con un tipo impositivo un 40% superior al actual. Y esto afectará no solo a la maquinaria, sino también al combustible marítimo y de aviación que, por cierto, acabará repercutiendo sobre los viajeros.

Estos, además, tendrán que asumir una nueva tasa a los billetes de avión. Una promesa incluida dentro del Pan de Recuperación y que sería de las primeras en aplicarse, incluso si la reforma completa se demora.

Además del impacto que todas estas medidas tendrán de forma directa sobre los consumidores, el Libro Blanco aboga por el alza fiscal a la riqueza, con el objetivo de estrechar la brecha que en España se manifiesta de una forma más contundente en la acumulación de patrimonio que en las rentas, gravadas por el IRPF.

El consejo en este punto es subir los umbrales mínimos de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones para limitar el impacto en las rentas medias y bajas.

La idea, además, es que Hacienda pueda recaudar hasta el 70% anual de las grandes fortunas, elevando hasta ese porcentaje el límite que se puede obtener de un mismo contribuyente por IRPF y Patrimonio de forma conjunta. En esta línea, también se propone elevar a un millón de euros el mínimo exento.

Teletrabajo, criptomonedas, 'youtubers', comercio online... El Ministerio de Hacienda también pretende abordar fiscalmente la nueva economía digital que, según cálculos de los expertos, supone ya un 8%sobre el total. En este punto, el comité apunta a figuras como los 'youtubers' o los 'influencers', llamando a redefinir los criterios que determinan que una persona es residente fiscal en España o fuera en términos de IRPF. «La presencia temporal durante 183 días en territorio español es un criterio fáctico de muy difícil comprobación, en especial cuando no existen controles fronterizos», advierten.

El informe deja claro que las plataformas online permiten la obtención de rentas «desde muy distintos puntos de la geografía mundial», como ocurre con muchos creadores de contenido que han apostado por países como Andorra para evitar mayores cargas fiscales en España. Bajo este escenario, el comité propone que se tenga en cuenta el uso de prestaciones y servicios públicos para ayudar a determinar cuál es el país de residencia en cuestión.

Por otro lado, se aboga por una regulación más flexible en el periodo del cálculo impositivo en momentos de cambio de residencia, con el objetivo de evitar conflictos de doble residencia y supuestos de doble imposición.

El texto también urge a aplicar cuanto antes una regulación clara sobre los criptoactivos, recordando que los usuarios de criptomonedas han crecido desde los cinco millones en 2016 hasta más de 100 millones en 2020 y que, dentro de la UE «el importe de las plusvalías totales estimadas asciende a 12.700 millones de euros, incluidos 3.600 millones de plusvalías realizadas».

En el ranking por países, Alemania ocupa el primer puesto (500 millones de euros), seguida de Francia (480 millones de euros) y España (380 millones de euros).