Una 'tasa Google' mundial en 2020

A pesar de este optimista plan recaudador, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) rebajó la capacidad de recaudación del impuesto sobre determinados servicios digitales a una horquilla de entre 546 y 968 millones. El Consejo de Ministros aprobó los impuestos a las tecnológicas y a las transacciones financieras ('tasa Tobin') el 18 de enero, pero la tramitación parlamentaria les suponía la entrada en vigor, como mínimo, en mayo. La convocatoria de elecciones paralizó el proceso y ahora el nuevo Gobierno tendrá que retomar la medida desde el principio.

Uno de los argumentos de los detractores del impuesto es que la imposición del mismo en cada país puede generar diferencias competitivas para que estas grandes empresas desarrollen su actividad en unos en vez de en otros. El profesor de Innovación y Data Sciences en ESADE, Xavier Busquets, asegura que uno de los inconvenientes de aplicar este impuesto a nivel comunitario es la menor competitividad de la UE con EE UU y China en este terreno ya que «las medidas impositivas suelen no tener efectos positivos en la promoción de iniciativas emprendedoras».

Por eso, la UE iba a aprobar un impuesto propio, pero finalmente dejó que la decisión se adoptara en el seno de la OCDE, organización que integra a 34 países. Y a finales de mayo aprobaron un documento con el objetivo fijado de acordar una solución fiscal común para gravar a los servicios tecnológicos antes de que acabe 2020. Este documento fue presentado esta semana por el secretario general Ángel Gurría en la reunión de los ministros de Finanzas del G20 que se celebra en Japón.

Y lo respaldaron. La iniciativa «justa, sostenible y moderna», que pretende acabar con la clásica tributación de las empresas en función de dónde tengan su sede física y evitar la «competencia fiscal» entre países, estará lista en 2020. Así, los representantes de los veinte países más industrializados, entre los que se encontraba la ministra española Nadia Calviño, se marcaron el objetivo de definir una reforma fiscal común para el año que viene.

El principio aplicado desde hace más de un siglo está obsoleto en la era digital, ya que supone que los gigantes de internet puedan elegir como sede fiscal territorios con baja carga impositiva pese a que operen mayoritariamente en otros. Por tanto, el acuerdo aprobado por el G20 incide en que la presión fiscal se decida según la «presencia económica significativa» de las empresas en cada país, el volumen de datos o el número de usuarios.

Lo que no se ha establecido es el tipo por el que tributarán estas empresas. En España, el plan era gravar con un 3% los servicios de publicidad online y la venta de datos. Las compañías afectadas eran aquellas que facturaran 750 millones de euros a nivel global y 3 millones en territorio nacional. Este punto es por lo que Marta Becerra, responsable de Asuntos Públicos de Adigital (Asociación Española de la Economía Digital), critica la decisión «unilateral» de España y defiende el consenso entre países para que la medida sea «largoplacista». En su opinión, es complicado cambiar demasiado rápido un sistema tributario que ha permanecido «casi inalterable los últimos siglos».

Tras la decisión de España de presentar el nuevo impuesto por su cuenta, la asociación encargó un informe a PwC que concluyó que las empresas españolas usuarias de los servicios digitales verían reducidos sus beneficios entre 450 y 562 millones de euros. El estudio 'Impacto de un Impuesto sobre los servicios digitales' revela además que por este impacto en las empresas, la repercusión sobre el PIB nacional podría llegar a los 662 millones de euros. Incluso los consumidores se verían afectados hasta en 665 millones por la subida de precios.

Los demás países están a la espera de la llegada del impuesto a nivel internacional. Aunque Francia y Reino Unido ya aplican políticas fiscales de este tipo, tienen previsto retirarlas cuando se acuerde un marco multinacional. La idea de la Comisión Europea de crear una tasa comunitaria no llegó a buen puerto por la oposición de Irlanda y Luxemburgo, dos países que actualmente se benefician por ser las sedes en la UE de Amazon y Facebook. En este sentido, Busquets explica que esta medida puede ser una «señal global de control de los Estados en forma de alianza a una infraestructura planetaria como son estas plataformas».