España no descarta activar su 'tasa Google' si no se consigue un pacto internacional

España, que considera el asunto «prioritario» -el torrente de millones será clave para cimentar los presupuestos del Gobierno-, está decidida a actuar en tres niveles. Mantiene su apuesta por la solución internacional; si ésta no llega, se plegará a un posible pacto a nivel comunitario -encallado desde principios del pasado año-. Y, en última instancia, «no se excluye» proponer la activación de una tasa nacional «que se alineará con los marcos que pudiesen llegar (en algún momento) a nivel comunitario o global». Esa es la hoja de ruta de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ante un tema que define como «muy sensible desde el punto vista político, fiscal y económico». De momento, margen de confianza. Paciencia.

La negociación en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se desarrolla sobre dos pilares. El primero se refiere a la reubicación de los beneficios de los gigantes tecnológicos para establecer dónde deben pagar los impuestos. «En ese pilar se han dado ya avances», destacó Vladis Dombrowskis, vicepresidente de la Comisión Europea. El segundo es más complejo: diseñar un sistema fiscal que establezca el desembolso de un mínimo de impuestos; una referencia base «para que todos paguen lo que les corresponde».

El escenario idílico, desde la óptica de Bruselas, sería una solución común para toda la UE que evitase la proliferación de sistemas nacionales, algo que podría afectar a la estructura del mercado único. Para ello existió una propuesta que fracasó estrepitosamente en marzo: el gravamen del 3% a la publicidad on line, los servicios de intermediación así como a los ingresos procedentes de la venta de datos. Luego todo se redujo exclusivamente a la publicidad. Pero ni por esas. La tumbaron Dinamarca, Finlandia, Suecia, Irlanda y Luxemburgo.

Desde entonces todo se ha fiado a la solución internacional de la OCDE. Pero ésta no termina de llegar. Y ya ha tropezado. Con Estados Unidos. Donald Trump percibió las discusiones sobre la tasa digital el pasado año como una amenaza a su todopoderoso sector tecnológico y bloqueó el proceso bajo el argumento de que la tasa tenía que ser asumida voluntariamente por los afectados. «Pero un impuesto es obligatorio, por definición», remarca Dombrowskis.

La cuestión es que Francia decidió pasar a la acción. De motu propio intentó cerrar esa grieta por la que se escapan millones de euros en ingresos fiscales (los colosos de Silicon Valley apenas pagan un tercio de la tributación efectiva de empresas más tradicionales). Aplicó el gravamen del 3% y colocó en el centro de la diana a Google, Apple, Facebook y Amazon. Su impuesto se identifica, de hecho, con las iniciales de esas tecnológicas, GAFA. Washington respondió con la amenaza de cargar aranceles a la importación de productos galos como el queso, el champán, cosméticos y otros bienes de lujo por valor de 2.400 millones de dólares.

La tensión entre ambos países se mantuvo hasta el lunes, cuando, por sorpresa, vía teléfono, Emmanuel Macron y Donald Trump llegaron a un pacto de no agresión -todo queda aplazado hasta finales de año-. Sobre el 'reencuentro' se pretende profundizar este miércoles, en el Foro de Davos. La cuestión es que sobre el contencioso, la UE ha cerrado filas con París desde el primer momento. Aún hoy la Comisión Europea insiste en que «si hubiera una escalada de aranceles, nosotros también estaríamos dispuestos a actuar». La cuestión es si Bruselas dispone de las herramientas suficientes para que sus contramedidas tengan efecto disuasorio. De momento, mejor no arriesgar.