Las multinacionales tendrán que publicar los impuestos que pagan en cada país

En concreto, estas empresas tendrán que informar del número de empleados, de sus ingresos netos y de la naturaleza de sus actividades, incluidas aquellas desarrolladas en paraísos fiscales.

El acuerdo, que no ha sido de fácil resolución por la oposición de algunos países, como Eslovenia (que ocupará la próxima presidencia del Consejo) se produce además en plenas negociaciones en el G-7 y la OCDE para implantar un impuesto mínimo global de Sociedades que, de momento y bajo la propuesta de EE UU, se quedaría en el 15%, frente al 21% propuesto inicialmente.

El objetivo es que reguladores y supervisores tengan acceso con mayor transparencia a la 'ingeniería fiscal' que emplean muchas empresas, elaborando complejas estructuras societarias para que sus beneficios tributen en países con menor carga fiscal como Irlanda o Luxemburgo.

Según un reciente informe del think tank Tax Justice Network , los países de la UE son responsables del 36% de las pérdidas fiscales mundiales, que en cifras se traduce en 154.000 millones de dólares de pérdida de recaudación en impuestos cada año.

Sin embargo, la oposición de algunos países ha provocado que aunque la información se detallará de forma individual, finalmente no habrá un informe mundial, desglosado país por país. Pese a todo, el Parlamento Europeo sí ha conseguido otro tipo de victorias en el acuerdo final, como que las filiales de terceros países (fuera de la UE) queden exentas de ofrecer esta información.

«Aunque lamentamos firmemente que el Consejo (los países) rechazaron una publicación país por país a escala mundial de forma desagregada, el acuerdo alcanzado es un paso importante para una mayor transparencia fiscal e incluya una serie de mejoras», destacó en un comunicado el eurodiputado del PSOE Ibán García, uno de los dos negociadores de la Eurocámara, recogido por Europa Press.

El acuerdo, en todo caso, incluye una cláusula de revisión según la cual se podrá modificar dentro de cuatro años tanto el umbral de ingresos (los 750 millones de euros) como el ámbito geográfico en el que se aplican las exigencias de transparencia. 

La iniciativa llega tras un lustro de intensos debates, cuando en 2016 la Comisión puso sobre la mesa su propuesta tras la publicación de los 'papeles de Panamá'.

De fondo existe además un debate sobre la naturaleza legal de la iniciativa legislativa: los países europeos que más se han opuesto a ella defienden que, al tratarse de una propuesta fiscal, debe ser aprobada por unanimidad entre las capitales.

Esto otorgaría el derecho de veto a los gobiernos que se oponen a los cambios, pero la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el resto de países insisten en que, al no modificar las reglas fiscales europeas y solo aborda la transparencia de las multinacionales, puede ser aprobada por mayoría cualificada.