La investigación de los delitos fiscales cae un 76% en la última década

En paralelo a la caída de las denuncias a la Fiscalía por delito tributario se ha producido un descenso del importe de las cuotas delictivas defraudadas. En concreto, en la última década, esas cantidades han caído un 85%, desde los casi 784 millones de 2009 hasta los 110,7 millones de 2018. Y eso que en el año 2011, la cuota defraudada en los presuntos delitos denunciados rebasó los 900 millones de euros.

Y es que, además, como señalan desde Gestha, se ha reducido el número de funcionarios en peritaje y auxilio judicial durante el proceso penal desde los 902 de 2010 hasta los 885 del último año del que hay registros (2018). Y eso que hasta 2015, este número fue aumentando progresivamente, hasta marcar máximos casi en los 1.500. De todas maneras, el número de funcionarios dedicados a estos menesteres ha bajado mucho menos (1,88% en los últimos diez años) que las denuncias y las cuotas defraudadas.

Los técnicos de Hacienda también se quejan de que la Agencia Tributaria «viene primando el número de comprobaciones sobre autónomos y pequeñas empresas, a los que dedica el 80% de los efectivos, en lugar de poner la lupa sobre las grandes fortunas y grupos empresariales». Esta secuencia de datos han llevado a Gestha a pedir al Gobierno que les permitan investigar los fraudes más sofisticados y abultados.

Asimismo, según Gestha, la Agencia Tributaria pierde el 42,8% de las reclamaciones económico-administrativas de los contribuyentes, lo que, a su juicio, obedece a que se da prioridad al número de comprobaciones sobre la calidad de la lucha contra el fraude.

De acuerdo con un informe que presentó esta misma organización la pasada semana, las arcas públicas pierden cada año 91.600 millones de euros por la economía sumergida.

Además, con vistas al Proyecto de Presupuestos que se aprobará mañana en consejo de ministros, Gestha pide que se incluyan tres medidas organizativas y operativas para reducir la economía sumergida. En primer lugar, demanda la creación de un cuerpo superior técnico que permita aumentar las funciones y responsabilidades de los técnicos de Hacienda. Además, reclama el aumento de la plantilla de la Agencia Tributaria a medio plazo entre 15.000 y 17.500 efectivos, así como encargar a expertos independientes que realicen estimaciones periódicas de la economía sumergida y del fraude fiscal y laboral en España.