El impuesto a las grandes fortunas recauda un 60% menos de lo previsto por Hacienda

Sin embargo, esa cifra dista de las previsiones anunciadas en su momento por el Ministerio de Hacienda cuando se aprobó el tributo. En ese momento, el departamento dirigido por María Jesús Montero, hablaba de 1.500 millones de euros que obtendría el fisco a través de este gravamen. Con la primera liquidación realizada, la cuantía recaudada ha sido un 60% inferior. Ese importe corresponde a la liquidación realizada por 12.000 ciudadanos, lo que representa un 0,1% de los contribuyentes de toda España. De media, han pagado 52.000 euros por su patrimonio.

Hacienda considera que no existe tal brecha entre la estimación y la realidad al ser «consecuentes» con las previsiones del Gobierno. Explica que se apuntó a un «potencial recaudatorio» del impuesto de grandes fortunas que alcanzaba los 1.500 millones, «bajo el supuesto de que todas las comunidades autónomas aplicaran una bonificación del 100% en el Impuesto sobre el Patrimonio». Aunque, en realidad, no todas las regiones cuentan con ese beneficio fiscal a pesar de los últimos cambios introducidos en algunos territorios como la Comunidad Valenciana o Extremadura.

La configuración del impuesto a las grandes fortunas ha dejado entrever algunas grietas que los contribuyentes afectados podrían aprovechar para esquivar el impacto del tributo. Este gravamen está pensado para que los ciudadanos de las comunidades en las que prácticamente no se pagaba este impuesto por estar muy bonificado, tuvieran que asumirlo a través del tributo estatal extraordinario. Es decir, o lo abonaban a través del Impuesto de Patrimonio -el histórico- o con el nuevo de Solidaridad de las Grandes Fortunas.

Los más afectados serían los de Galicia, Madrid o Andalucía, las autonomías para las que precisamente estaba pensada esta tasa, dado que son las que en su momento bonifican de una forma más generosa a sus altos patrimonios. Y precisamente han sido los contribuyentes de esos territorios los más beneficiados por los problemas derivados de la normativa aprobada y que ha permitido un importante ahorro para sus bolsillos y la consiguiente merma en la recaudación fiscal.

La clave del error estaba en el denominado escudo fiscal, por el que el pago de impuestos (calculado sumando la cuota de IRPF, Patrimonio y Solidaridad) no puede superar en ningún caso el 60% de la base imponible del IRPF. «En caso de superarse este porcentaje, la cuota del impuesto de solidaridad se reduce hasta un 80%», recordaron desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su momento.

Pero la redacción del modelo de liquidación definitivo publicado en junio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) implicaba que las grandes fortunas podrán computar en el cálculo lo que les tocaría pagar por el Impuesto de Patrimonio sin bonificación, y no solo la cantidad que tendrían que abonar realmente si, por ejemplo, se encuentran en Madrid o Andalucía, donde se bonifica al 100% —es decir, no tendrían que pagar nada— o en Galicia, donde lo hace al 50%. Así, les ha resultado mucho más fácil alcanzar el 60% que permite acceder a la deducción.

La merma en la recaudación del Impuesto de Grandes Fortunas no es exclusiva entre los tributos aprobados por el Gobierno en la pasada legislatura para hacer frente al gasto millonario por las ayudas derivado de la crisis de la guerra en Ucrania. En la 'tasa Tobin' y la 'tasa Google' ha ocurrido algo similar.

La primera figura se refiere técnicamente al Impuesto de Transacciones Financieras, con el que se gravan, entre otras, determinadas operaciones en Bolsa. El Estado ingresó el año pasado 195 millones de euros por esta vía frente a los 372 millones de euros presupuestados en las cuentas públicas de 2022. El ejercicio previo, el primero en el que se puso en marcha, la recaudación fue de 295 millones.

En el caso del Impuesto sobre los Servicios Digitales, que grava la operativa en internet (la publicidad en línea, la intermediación online y la venta de datos generados), no ha alcanzado ninguno de los tres años en vigor el presupuesto de los 1.200 millones de euros estimado inicialmente. En 2021 se recaudaron 166 millones; en 2022, casi 280 millones; y hasta el primer semestre de 2023, 138 millones. De hecho, está previsto que esta tasa desaparezca después del acuerdo con Estados Unidos -mediado en el seno de la OCDE- por el que España, Francia, Austria, Italia o el Reino Unido eliminarán ese impuesto a cambio de crear un tributo global del 15% que afectaría a las grandes multinacionales del sector.