Hacienda recupera 15.000 millones defraudados, 500 menos de lo esperado

Supone volver a la tendencia alcista que se había roto en 2016 y volver a recuperar los 15.000 millones de recaudación que no marcaba desde 2015, una cifra alta pero que se queda corta si se compara con la estimación del Gobierno. El Ministerio de Hacienda en su proyecto de Presupuestos planteaba un aumento de la recaudación de más de 800 millones a través de la limitación de los pagos en efectivo, reforzar la lista de morosos la adopción de prácticas internacionales en la prevención del fraude. Sin embargo, la falta de aprobación de las cuentas ha impedido la puesta en marcha de estas medidas que han restado 532 millones a la previsión, que para organismos como la AIReF eran demasiado optimistas.

Hay que tener en cuenta que de la cifra global de recaudación se divide en dos partes. Por un lado, los resultados directos, que han supuesto 14.490 millones de euros de recaudación (+1,9%) y entre los que destacan los ingresos por liquidaciones y actos de gestión recaudatoria al aumentar un 2% y sumar más de 8.000 millones. Por otro lado, se suman los ingresos del Tesoro Público, que aunque no pueden atribuirse directamente a la actuación de control, son consecuencia de actuaciones desarrolladas por la AEAT. Alcanzaron los 599 millones, un 5% más que en 2017.

Pero la desviación en las previsiones de recaudación no son algo novedoso. Desde 2008 -a excepción de 2010- nunca se han cumplido las estimaciones de ingresos a recaudar por el sistema tributario, según palabras del propio Jesús Gascón, director general de la Agencia Tributaria, produciéndose desviaciones «incluso en los ejercicios en los que la evolución de la economía superó las expectativas».

La recaudación total del Estado desde 2004 a través de actuaciones contra el fraude fiscal es de 156.132 millones de euros. Antes de esa fecha Hacienda también lo controlaba, pero los datos solo constan desde hace quince años, según explican fuentes del ministerio. Así, desde que en 2015 marcara un máximo de 15.664 millones, la cifra ha ido descendiendo hasta los 14.792 millones de 2017, aunque si se comparan los datos con los de hace diez años, se ha doblado la recaudación.

El año pasado se creó la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes, en el seno de la oficina Nacional de Investigación del Fraude. Hacienda explica que en ella se ha coordinado el seguimiento de unos 170.000 contribuyentes que conforman este colectivo, con lo que se logró ingresar solo durante 2018 más de 347 millones de euros en 494 expedientes, un 44% más de expedientes que el año anterior.

Por su parte, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, mostró su «satisfacción» por los «importantes» datos registrados y destacó la «medida acertada» de crear una unidad para el control de grandes patrimonios, al especializarse en grandes empresas con entramados societarios. Avanzó además que es «importante» que se conforme el Gobierno para poder retomar la Ley de lucha contra el fraude que incluye la prohibición de las amnistías fiscales.

Durante este año, Hacienda ha multiplicado los avisos a los propietarios de viviendas en alquiler para prevenirlos de la necesaria tributación de estos inmuebles. Así, de los 258.000 avisos del año pasado, la Agencia casi ha triplicado la cifra hasta los 700.000 en este año para los contribuyentes con ganancias por rentas de alquileres de viviendas, tanto tradicionales como vacacionales. El 'boom' de mensajes se debe sobre todo a la nueva normativa que afecta a plataformas como Airbnb para que aporten a Hacienda la información de casas que tienen en alquiler en su web.

Así, la AEAT explicó que ya tiene el resultado completo del análisis sobre el efecto inducido del envío de avisos de datos fiscales a arrendadores. En tres años, estos avisos han generado un incremento de más de 122.000 declarantes, lo que supone el 30% del incremento total de declarantes de rendimientos inmobiliarios desde 2014. Esto supone que se han destapado más de 122.000 alquileres que no estaban justificándose ante Hacienda, rentas en negro. Esto ha supuesto también que la base imponible declarada suba en 1.346 millones de euros.