La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. efe

Hacienda lanzará casi 6.600 investigaciones este año para cazar a evasores fiscales

La Agencia Tributaria se compromete a aumentar plantilla para hacer frente a los retos de la lucha contra el fraude fiscal

Clara alba

Madrid

Domingo, 20 de junio 2021, 14:50

El Gobierno pone en marcha su plan para reducir las vías de escape de los particulares y empresas que elaboran ingeniosos mecanismos tributarios que contribuyen a la caída de la recaudación fiscal del Estado.

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Según consta en uno de los anexos al Plan de Recuperación, ... Transformación y Resiliencia publicados esta semana por la Comisión Europea (en concreto, el que afecta al Componente 27 del plan), el Ejecutivo se ha comprometido a llevar a cabo 6.591 investigaciones tributarias para detectar actividades no declaradas a lo largo de este año.

Este será uno de los objetivos clave del Ministerio de Hacienda, que también prevé incrementar el número de efectivos de la Agencia Tributaria hasta alcanzar un total de 26.320, más en línea con la media de los últimos años, con un máximo que llegó a rozar los 28.000 empleados en plantilla antes de la crisis económica de 2008.

Según han expresado siempre desde el Ejecutivo, la caída en el número de empleados ha llegado como consecuencia de la elevada edad media de la plantilla, con el consiguiente escenario de jubilaciones en los próximos años y, de forma paralela, por la dificultad para la incorporación de nuevos efectivos tras años de ofertas de empleo públicas reducidas.

Hace solo unas semanas, el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, reconoció durante una comparecencia en el Congreso el enorme problema que supone para el organismo un déficit de plantilla que cifró en torno al 20% respecto a las grandes economías europeas.

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No se trata solo de igualarse a países como Alemania o Francia. El organismo necesita de personal para hacer frente al reto que supondrá la puesta en marcha de la nueva ley contra el fraude fiscal, que entre otros puntos incluye la limitación a 1.000 euros en los pagos en efectivo entre empresas o la rebaja de un millón a 600.000 euros para salir en la lista de morosos.

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