Hacienda quiere aplicar parte de la reforma fiscal a partir de enero

Hacienda ha especificado ya cuál será el sentido de la reforma con la que quiere incrementar los ingresos fiscales de Hacienda y aproximarlos a los de la media europea. Montero ha aclarado que espera el alza del Impuesto sobre Sociedades (de carácter estatal), Patrimonio y Sucesiones y Donaciones (cedidos a las comunidades), puedan entrar en vigor el próximo ejercicio, según marquen las recomendaciones -que no son vinculantes- de los expertos.

Montero espera que se puedan poner en marcha algunas subidas de impuestos ya en 2022, con «especial interés» en los referidos a los grandes patrimonios. «Tenemos que ver cómo se tiene expresar esa contribución adicional que tienen que hacer los grandes patrimonios al conjunto de las arcas públicas», ha señalado la ministra.

En el caso del Impuesto sobre Sociedades, Montero cree que su reforma debe ser «prioritaria» en el análisis que haga el comité de expertos, además de aquellas figuras tributarias vinculadas a la riqueza, como son Patrimonio y Sucesiones y Donaciones. La ministra ha hecho una clara referencia al caso de la Comunidad de Madrid, donde Patrimonio es prácticamente nulo (está bonificado al 99%) al indicar que «a nivel autonómico» no se deben dejar «vacíos de contenido» algunos impuestos, «como ha sucedido en algunas comunidades», en referencia a la capital.

El sentido de la propuesta del pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos aboga por un «aumento de la progresividad del sistema fiscal», así como por adaptar el «actual sistema tributario a la economía del siglo XXI». Parte de la reforma iría encaminada a cambiar el Impuesto de Sociedades, para que las grandes corporaciones paguen por un tipo real más ajustado al teórico, al tiempo que reducir el de las pymes. Ajustar el IRPF para las rentas altas (los Presupuestos en vigor ya incluían un avance en este sentido) o incrementar la tributación de las rentas del capital, entre otras medidas.

María Jesús Montero ha aclarado que esos 17 expertos podrán adelantar las «cuestiones, premisas o anticipaciones» que crean que pueden ser de interés de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado del año que viene. Es decir, que en las nuevas cuentas públicas el Ejecutivo ya podría incluir novedades fiscales en las que los expertos ya hayan trabajado previamente, aunque no hayan concluido ese informe.

El Gobierno ha presentado este lunes a los 17 integrantes de ese grupo de expertos que abordarán la reforma fiscal. Estará presidido por Jesús Ruiz-Huerta, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y director del Laboratorio de la Fundación Alternativas, vinculada al PSOE. Entre 2004 y 2008 fue director general del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), órgano adscrito al Ministerio de Hacienda.

Los demás componente pertenecen al mundo académico, procedentes de diferentes áreas, «para que exista pluralidad a la hora de realizar los debates», según Montero. Además, la ministra ha indicado que estos perfiles también proceden del mundo de la financiación autonómica, que tendrá un papel fundamental para el Gobierno en la reforma fiscal.

Para Ruiz-Huerta, es «imprescindible» adecuar el sistema fiscal a la situación económica originada tras la pandemia. «Se trata de proponer alternativas a las exigencias de cambios tras la pandemia», ha explicado tras indicar que no se trata de una materia sencilla ante la intensidad de los cambios que se ponen encima de la mesa con la reforma.

Los componentes del comité son: Fran Adame, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Sevilla; Antonia Agulló, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Pompeu Fabra; Olga Cantó, catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares; Laura de Pablos, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complutense; Santiago Díaz de Sarralde, profesor titular de economía aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos; Xavier Labandeira, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo; Santiago Lago, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo; Guillem López Casasnovas, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra; Julio López Laborda, catedrático de Economía Pública en la Universidad de Zaragoza; David López Rodríguez, economista superior en la División de Análisis Estructural del Banco de España; Carlos Monaterio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo; Saturnina Moreno, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Castilla la Mancha; Violeta Ruiz-Almendral, profesora titular de Derecho financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid; María Teresa Soler, catedrática emérita de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alicante; Marta Villar, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad CEU San Pablo; y Alain Cuenca, director general del Instituto de Estudios Fiscales, que actúa como secretario.