Hacienda, dispuesta a eliminar la penalización por baja laboral a los funcionarios

La estrategia pasa por no cerrarse a nada y mantener la firme voluntad de querer cerrar un acuerdo que beneficie a los más de 2,5 millones de empleados públicos que hay en España y que, además, sufrieron la crisis en primera persona al tocarles fuertes recortes de sueldo y derechos. Y es que no es solo conseguir recuperar el poder adquisitivo perdido durante la recesión –­en el entorno del 14%–­, sino también volver a la jornada de 35 horas y eliminar la penalización que tienen por acogerse a una baja laboral, dos aspectos que vuelven a entrar en la negociación de cara a un posible pacto.

Y es que estos asuntos se han convertido ahora en los dos principales caballos de batalla entre el Gobierno y las organizaciones de trabajadores, dos armas que podrían tener mucho peso de cara a lograr el acuerdo. De hecho, es bastante más que probable que los funcionarios vuelvan a cobrar su salario íntegro cuando tengan que ausentarse del trabajo por enfermedad –­según confirman a este diario fuentes cercanas a la negociación–­, una reivindicación que además es muy sentida por parte de este colectivo.

Desde octubre de 2012 los empleados públicos ven reducido su salario a la mitad durante los tres primeros días de baja por contingencia común. A partir del cuarto día de ausencia, la nómina se les reduce un 25% hasta el vigésimo día, cuando recuperan su salario completo. El Gobierno justificó esa medida en la necesidad de reducir los niveles de absentismo en la Administración y, además, conseguir un ahorro estimado de algo más de 1.000 millones de euros, en una etapa en la que el déficit público estaba disparado. Ahora, con las cuentas más saneadas, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas está dispuesto a hacer este guiño a este colectivo.

Ésta es una de las bazas con la que juega Hacienda en esta nueva negociación. La otra, aunque todavía está más en pañales, es recuperar la jornada de 35 horas que también les fue eliminada en 2012. A esta reivindicación que los sindicatos sitúan casi al mismo nivel que la subida salarial, el Gobierno se negó rotundamente durante la negociación de septiembre, argumentando que supondría un «problema de sostenibilidad» para las cuentas públicas al incrementarse el gasto anual entre los 800 y 1.200 millones, según las cifras aportadas por la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado.

Lo que las organizaciones de trabajadores piden es que el Ejecutivo permita a las distintas administraciones (Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos) recuperar el poder de negociación para que cada una pacte con los sindicatos el recorte de jornada que se pueda. Cabe recordar que en 2012 el Ejecutivo modificó el Estatuto Básico del Empleado Público, que establecía que la jornada laboral sería, como máximo, de 37,5 horas semanales para fijarla en directamente en esas 37,5 horas, sin más margen. Así, impidió que cada comunidad, ayuntamiento pudiera establecer la jornada de su personal. Sin embargo, algunas regiones como Andalucía, País Vasco y Castilla-La Mancha hicieron caso omiso de este real decreto, aunque el Supremo dictó varias sentencias de que debían volver a las jornadas de 37 horas y media.

Ahora el propio Montoro ha reconocido estar dispuesto a reducir la jornada hasta las 35 horas, pero no de forma generalizada. En este sentido, recordó que hay muchos funcionarios que trabajan por turnos, algo que está especialmente presente en el ámbito de los servicios públicos esenciales. Así, su propuesta sería empezar aplicando esta reducción en las actividades con horario nocturno, mayor penosidad o peligrosidad.

Con estas posibles concesiones, lo que en realidad busca Hacienda es conseguir el pacto sin tener que aumentar la propuesta salarial. En este sentido, el ministerio ha puesto encima de la mesa el aumento ofrecido en septiembre y que fue rechazado por los sindicatos: un acuerdo a tres años que implicaría un alza fija del 5,25% y un variable vinculado a la evolución económica con el que se podría llegar hasta el 8%, un máximo que el Gobierno no parece muy dispuesto a elevar, aunque sí podría quizá flexibilizar las condiciones para obtener el variable.

Todos estos temas se tratarán en la reunión que hoy mantendrá de nuevo Hacienda con los tres sindicatos mayoritarios de las administraciones públicas en busca de un pacto que no puede demorarse más allá de un mes, porque la intención del Gobierno es presentar los Presupuestos de 2018 como muy tarde a finales de marzo o principios de abril. Pero, en el caso de que no hubiera Presupuestos, la subida salarial de los funcionarios está asegurada.