La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dejado claro que el Gobierno no tocará los impuestos hasta que el crecimiento económico alcance niveles previos a la pandemia. Las estimaciones que el Ejecutivo maneja en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas es que ese ... crecimiento llegue a finales de 2022, por lo que prevén poner en marcha la reforma fiscal al año siguiente. Sin embargo, Montero aclaró el lunes que esa fecha es solo referencial y que la implementación de las reformas seguirá siempre el compás que marque la recuperación. «Si el PIB no alcanza el nivel anterior a la crisis a finales de 2022, el calendario de activación de las medidas fiscales que aparece en el Plan de Recuperación se retrasaría». Es decir, la reforma fiscal puede llegar más tarde de 2023.
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«No vamos a poner en marcha ninguna medida que ponga en riesgo la recuperación», insistió la ministra durante una comparecencia para explicar los componentes fiscales del Plan de Recuperación. Con esta premisa, de momento no se tocarán las principales figuras tributarias del sistema, como el Impuesto sobre la Renta, Sociedades, el IVA o incluso Patrimonio. Montero aseguró, además, que esa posibilidad de mover los calendarios para acompasarlos con la evolución de la economía es «bien conocida», y también aceptada, por Bruselas.
Desde el Ministerio también defienden la «total independencia» del grupo de expertos que hasta febrero de 2022 analizará las mejores fórmulas para mejorar la capacidad recaudatoria del Estado. Montero reconoció que además del esperado tipo mínimo para Sociedades, Europa ha mostrado interés en otras figuras y beneficios como el IVA reducido y súper reducido. «No tenemos previsto elevarlo, pero si Europa insiste y considera que hay un uso abusivo respecto a otros países, tendremos que escuchar», explicó la ministra.
A pesar de que el Gobierno ha defendido siempre que la revisión de impuestos no tiene por qué implicar una subida de los mismos, lo cierto es que las medidas planteadas en el Plan de Recuperación apuntan a esa vía como fórmula para reducir la brecha fiscal entre España y Europa, con figuras como el IRPF entre las menos eficientes de la región en términos recaudatorios.
Además de los nuevos impuestos ambientales, la Tasa Tobin o la Tasa Google que se pondrán en marcha este año, el plan del Ejecutivo también apunta a medidas como la subida del impuesto al diésel, el de matriculación o el polémico pago por uso en las carreteras, así como la eliminación del incentivo por la tributación conjunta. Pero Montero insiste en que «los cambios fiscales en ningún caso van a recaer sobre la clase media y trabajadora, se trata de ganar en progresividad». En este sentido, criticó el discurso de algunas formaciones en materia fiscal, defendiendo que «bajar los impuestos y poner la mano... eso no puede ser».
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Montero también aprovechó su intervención para confirmar que el Gobierno devolverá a las comunidades autónomas la polémica liquidación del IVA de 2017, después de que el Tribunal Supremo haya dictado sentencia a favor de Castilla y León y este mismo lunes de Galicia. Hacienda explica que la medida se extenderá al resto de comunidades «cuando lo considere oportuno la Abogacía del Estado». «Me parece bien que reivindiquen la ejecución de la sentencia, pero que aclaren a qué van a destinar el dinero», indicó Montero. «¿Lo utilizarán para reducir el déficit provocado porque no se les pagó?», insistió, recordando que los gobiernos regionales cerraron aquel año con un déficit del 0,6%, el doble del 0,3%previsto, y algunos de ellos lo atribuyeron a esa menor liquidación.
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