El Gobierno suspende el impuesto de generación para tratar de aliviar la espiral del precio de la luz

La ministra es consciente de que solo es posible rebajar la factura a cortísimo plazo extrayendo del recibo alguno de los conceptos que lo configuran. «Necesitamos aliviar la factura y esta medida se reflejará inmediatamente», admitió ante los diputados. Porque sobre otros impuestos que soporta la luz es «más complicado» actuar, como reconoció. Cualquier cambio en el 21% de IVA que se aplica a la luz depende de las directrices europeas. Aunque en el Impuesto a la Electricidad (del 5,1%) que paga el consumidor sí es posible actuar.

Será el consejo de ministros de la próxima semana, previsiblemente, el que autorice la práctica cancelación de un impuesto que no abonan directamente los titulares de contratos. Lo abonan las compañías por sus centrales. Por eso, los bolsillos de los hogares y empresas lo notarán en la medida en que las eléctricas lo repercutan en los precios diarios del mercado, y que después tiene su reflejo en el recibo.

Es decir, esta rebaja tributaría se debería ir notando en los precios que registra el 'pool' para el coste del kilovatio/hora (Kwh) consumido. Pero, al final, dependerá del resto de circunstancias que se den en el mercado: los precios de las materias primas, como el petróleo y sus derivados; el coste de emitir dióxido de carbono (CO2); o la producción de renovables en cada momento. Esta es la clave que valorarán los consumidores a la hora de notar si su recibo ha bajado lo estimado por los expertos tras el anuncio. Septiembre se mantiene como el mes más caro para el recibo de todo 2018.

Los cálculos del sector estiman que, cuando la medida esté implantada definitivamente, el ahorro medio en el recibo será de un 3% con respecto a lo que se abona en la actualidad, siempre que se trate de clientes acogidos a la tarifa regulada (PVPC), un 42% del total. El resto (un 58%), dependerán de los contratos formalizados libremente con sus compañías energéticas. El Estado ingresó 1.510 millones de euros el año pasado por este impuesto -que se destinan a cubrir el déficit de tarifa- y aunque inicialmente pueda sufrir una merma de recaudación, en realidad está obteniendo más dinero por el alza de los derechos de CO2, cuyo precio se ha triplicado en 2018. Por eso, la medida del Ministerio de Transición Ecológica está «coordinada» con el de Hacienda, apuntan fuentes gubernamentales.

El Impuesto a la Generación había resultado uno de los más controvertidos en la reforma del sistema aprobada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, que fue el que lo impulsó. Precisamente este miércoles, poco antes de la intervención de Ribera, el PP registraba una proposición de ley en el Congreso para dejar sin efectos ese tributo.

La otra medida para intentar mitigar el impacto de la escalada de precios eléctricos pone el foco en las ayudas a los hogares más vulnerables. El actual bono social será «mejorado». La ministra quiere incrementar los límites de renta para quienes se benefician de esta rebaja (el 25% para hogares vulnerables y 40% para los muy vulnerables). Además, se ampliará este paraguas a las familias monoparentales y a las que precisen de apoyo a la infancia. Ribera también anunció una «moratoria» para los usuarios del antiguo bono social cuyo plazo de solicitud terminaba el 8 de octubre para que no se queden sin la posibilidad de hacerlo una vez llegada esa fecha. «No se puede ir en contra de los beneficiarios», afirmó.

El Ejecutivo también creará un soporte familiar para aliviar los envites del invierno que está a las puertas del calendario. Creará un bono social del gas «para los mismos colectivos que el de la luz», apuntó Ribera, dependiendo de las condiciones térmicas de la vivienda.

Además, el Gobierno quiere que los clientes de luz tengan más información sobre la potencia contratada, para que se ajuste a sus «necesidades reales», indicó Ribera, al pagar en muchas ocasiones más potencia de la que necesita un hogar. Y aboga porque los clientes tengan información sobre las tarifas de discriminación horarias y sobre el coste que, para un mes concreto, asumiría con otras tarifas de su propia compañía comercializadora.

Más allá de estas actuaciones a corto plazo, la ministra reconoció este miércoles la necesidad de realizar «una ineludible reforma urgente del sistema, sin dejar a nadie en el camino». Ribera quiere modificar el cálculo actual de precios diarios, por el que todas las centrales, como las hidroeléctricas, cobran el coste más alto del sistema, que habitualmente marcan los ciclos combinados.

Teresa Ribera explicó que quiere un modelo energético en el que haya «más renovables, más contratación bilateral entre empresas y usuarios», como ocurre en otros países donde los precios son más estables y predecibles que en España. También aboga por otorgar «más protección de los sectores vulnerables», aunque admite que solo se conseguirá a medio y largo plazo.